26 de Junio de 2019

Editorial
la Jornada

Ayer, en la conferencia presidencial de las mañanas, la directora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, dio a conocer que la dependencia que encabeza ha detectado 8 mil 204 empresas que de 2017 a la fecha emitieron entre 8 y 9 millones de facturas de operaciones falsas por el total de un billón 600 mil millones de pesos, lo que representa una defraudación fiscal de 354 mil millones de pesos, equivalente a 1.4 por ciento del producto interno bruto (PIB). 

De lo dicho por la funcionaria se desprende que las cifras señaladas son sólo la punta del iceberg de un fenómeno mucho más amplio, en el que participan tanto empresas que facturan operaciones simuladas (Efos) como empresas que deducen operaciones simuladas (Edos), unas y otras vinculadas por redes delictivas de extremada complejidad. 

Las primeras suelen tener como denominador común la escasez o ausencia de activos materiales, el surgimiento y la desaparición súbitas y la ubicación en zonas marginadas. Las segundas, en cambio, suelen ser compañías estables que presentan sus declaraciones fiscales en forma regular, si bien adulteradas por un componente de falsedad. 

Ríos-Farjat destacó que las facturas con operaciones falsas pueden amparar transacciones de compra-venta que nunca fueron realizadas, con la finalidad de reducir los montos a pagar de impuestos sobre la renta o al valor agregado, o bien, intercambios monetarios con propósitos de lavado de dinero. 

Entre 2014 y 2018 el número de Efos detectadas se incrementó 31 veces y el pasado 20 de junio el SAT intervino en diversas entidades, 150 de éstas son empresas fachada. 

Las implicaciones del filón de criminalidad y corrupción detectado por la dependencia referida son difícilmente mensurables. De entrada, es claro que durante muchos años la práctica de las facturas de operaciones falsas han significado pérdidas astronómicas para el erario, lo que se ha traducido necesariamente en menor desarrollo económico, incapacidad gubernamental para cumplir con las obligaciones constitucionales hacia la población y descomposición institucional. 

Significativamente, el SAT detectó dentro de su propio equipo a media docena de funcionarios que operaban favoreciendo la construcción de empresas, los cuales ya fueron separados del cargo y enfrentan las consecuencias legales. 

Más allá de esos impactos, resulta insoslayable el hecho de que las transacciones inexistentes amparadas por medio de facturas simuladas otorgan un enorme margen de acción a actividades delictivas de todo tipo, empezando por el lavado de dinero. 

Otra consecuencia de las prácticas referidas es que introducen de manera inevitable distorsiones mayúsculas en las mediciones económicas, lo que impide tener una idea precisa del desempeño del comercio, la industria, las finanzas y hasta los servicios profesionales en el país. 

Es claro, pues, que el combate a la simulación mediante documentos fiscales aparentemente válidos es una tarea impostergable de la autoridad federal y que en ese propósito deben aportar todo el apoyo necesario los gobiernos estatales y municipales, los otros poderes de la Unión, los organismos de la iniciativa privada y los ciudadanos en general.