25 de Junio de 2019

Editorial
la Jornada

En medio del clamor de justicia por parte de familiares de desaparecidos, quienes asistieron a Palacio Nacional a conocer los avances del Sistema Nacional de Búsqueda, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la tragedia de los cientos de miles de personas en esa situación es “la peor herencia” que recibió de gobiernos pasados, y afirmó que este problema es, como parte de la inseguridad y la violencia, la primera de las 27 prioridades del gobierno federal. Asimismo, el mandatario desmintió rotundamente que haya ordenado un recorte en los recursos destinados a la búsqueda de personas.

En el acto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que ya está trabajando la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y fijó como meta que para septiembre próximo estén ya instaladas todas las comisiones estatales de búsqueda.

Por su parte, el subsecretario Alejandro Encinas y la comisionada de búsqueda de personas, Karla Quintana, explicaron los avances del Sistema Nacional de Búsqueda e informaron de la creación de institutos forenses, la homologación de medidas para resguardar cuerpos a fin de facilitar su identificación y darles un trato digno. Encinas señaló que existe una “emergencia forense” caracterizada por el incremento de cadáveres no identificados y la “práctica deleznable” de enviar un gran número de cuerpos a fosas comunes sin practicarles la necropsia que manda la ley.

En esta materia el reclamo social supera con mucho a lo realizado hasta ahora por las autoridades. La legítima exigencia de esclarecimiento, justicia, reparación y garantía de no repetición aún no ha empezado a cumplirse, y aunque las dimensiones catastróficas del problema permiten entender la demora gubernamental para empezar a resolverlo en forma sistemática y organizada, es claro que, por lo que se refiere a resultados y ante los familiares de las víctimas de desaparición, la actual administración está en la imperiosa necesidad de empezar a marcar una diferencia clara con respecto a los sexenios priístas y panistas que le precedieron.

Se trata de un desafío formidable, toda vez que muchas de las estructuras que operaron o hicieron posible que la desaparición se convirtiera en una práctica habitual y masiva en el país aún se encuentran intactas, tanto en el ámbito de la criminalidad organizada como en el de las instancias policiales, judiciales y de procuración de justicia. Esta desoladora circunstancia resulta particularmente clara en el caso emblemático de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014; a ese crimen debe agregarse la multiplicidad de delitos presumiblemente cometidos en el curso de su investigación por las procuradurías estatal y federal de justicia, las cuales, de acuerdo con la contundente documentación disponible, torturaron a detenidos para obligarlos a declararse culpables, sembraron o fabricaron pruebas e inventaron versiones insostenibles, como la “verdad histórica” de la incineración de los jóvenes en el basurero de Cocula.

Hace apenas unos días salió a la luz un video en el que observa la tortura sufrida por uno de los acusados del caso Ayotzinapa y la voz del que lo interroga resulta ser la de Carlos Gómez Arrieta, quien a la sazón era mando de la Policía Federal Ministerial y hasta hace dos días se desempeñaba como subsecretario de Seguridad de Michoacán.

Los obstáculos son enormes, sin duda, pero tanto en el caso de los 43 como en el del resto de las personas desaparecidas en sexenios anteriores, es tiempo de que se empiece a ofrecer resultados.