22 de Noviembre de 2016

Rafael Olivera Ávila

Asignatura primera.- "Kiko" Vega contra la libertad de expresión

Desafortunadamente nuestra entidad desde 1989 ha sido gobernada por panistas de muy variada estirpe, cuyo rasgo que los caracteriza es la combinación de ser funcionarios públicos y empresarios. La visión empresarial emblemática de un personaje como Vicente Fox, quien en el 2000 arribó a la presidencia de la República embaucando a millones, quienes le creyeron a pie juntillas todas sus “babosadas”, es el claro ejemplo de la idiosincrasia de la mayoría de ellos, que creen como dogma de fe, que hacen un favor cuando se dedican a la política y abandonan sus empresas (las que a lo mejor ya estaban en bancarrota) asignándose salarios estratosféricos.

El actual desgobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, mejor conocido como “Kiko” Vega, no es la excepción. Está reconocido como “el Señor de las casas”, en referencia a sus negocios que tienen qué ver con las casas de empeño, pero además, con las varias residencias que posee en propiedad, significativamente la que se ubica en esta ciudad de Tijuana, en el fraccionamiento Cumbres de Juárez, que promete ser una mansión de dimensiones apantallantes. Y es con relación a  este asunto, cuando fue sujeto de sendas publicaciones en un diario local, con símiles en Mexicali y Ensenada; sintiéndose balconeado reaccionó visceralmente, al grado que orquestó una campaña de desprestigio y hostigamiento contra dicho medio de comunicación impreso.

En aquel entonces “Kiko” Vega, junto con los 5 alcaldes de los municipios del estado, publicó un desplegado en los medios, en el cual entre otras cosas le advirtió al grupo editorial Healy (Frontera, La Crónica y el medio virtual de Ensenada), lo siguiente:

“BAJA CALIFORNIA A FAVOR DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, NO DE EXTORSIÓN… En las últimas semanas ha sido una constante de los citados medios de comunicación el manejo de información fuera de toda objetividad, que no atenta contra los gobiernos que encabezamos, sino contra el desarrollo armónico y la imagen de esta entidad, que se caracteriza por ser una tierra de gente trabajadora, gente honesta, que diariamente pone su mayor esfuerzo por aumentar las oportunidades de bienestar”. Que no permitirían a ésta ni a ninguna otra empresa de medios de comunicación, que ejerza presión, a través de los contenidos editoriales, con la finalidad de conseguir que se solventen sus pretensiones económicas, en detrimento del presupuesto público. Así fue la advertencia.

Ya pintaba su talante. Actualmente, con la información que el semanario Zeta y la Agencia Fronteriza de Noticias (AFN), publicaron con respecto al adeudo que el Gobierno del Estado tiene con la Universidad Autónoma de Baja California y la reacción otra vez visceral manifiesta, la situación se torna más grave, ya que, a través de sus subalternos, de sus achichincles, se emprende una campaña mediática para descalificar y denostar a periodistas, mujeres, endosando cuestiones de índole inmoral, en las cuales supuestamente incurrió una de ellas, para demeritar su quehacer periodístico. Nada más aberrante en tratándose de una dizque normalidad democrática, en donde la libertad de expresión debiera ejercerse a cabalidad.

Así las cosas, un grupo conformado por periodistas, le exigen a quien se ostenta como gobernador, que:

Asuma su obligación de máximo garante de la seguridad y de los derechos humanos en el Estado, exija, vigile y sancione a cada uno de los miembros de su equipo de gobierno que hayan sido instigadores promotores o articuladores de los intentos de violar la libertad de expresión. Que los funcionarios a su cargo sean congruentes en los hechos, y no sólo en el discurso, con el compromiso que el Ejecutivo ha manifestado de ser "respetuoso de la política editorial basada en la ética y los principios de la actividad periodística”. Y le espetan: Gobernador, usted no debe dejar lugar a dudas de la licitud de sus actos, su rectitud moral y su honorabilidad política: Instruya el inicio de las investigaciones respectivas y la realización de auditorías, por los delitos que resulten, abuso de autoridad, violencia y vejación a persona sin causa legítima; aplicación pública distinta a aquélla a que estuvieren destinados los caudales del erario; uso de violencia moral y económica para inhibir o intimidar a cualquier persona que denuncie la presunta comisión de una conducta sancionada por las legislaciones.

Asimismo piden acciones contundentes, ordenando investigar y tomar medidas respecto al terrorismo digital presuntamente auspiciado por colaboradores de su gobierno, traducido en espionaje online, ataques de malware, ciberacoso y campañas de difamación online, todas consideradas “amenazas digitales” contra el periodismo por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultual (UNESCO), en el informe presentado en agosto de 2016 por  la división de Libertad de Expresión. Es cuanto.

(asignaturaspendientes.olivera@gmail.com)