22 de Mayo de 2019

Editorial
La Jornada

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez Cázares, hizo pública ayer su dimisión al cargo y dio a conocer una carta en la que reprocha la "injerencia perniciosa" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en las actividades del organismo que se encontraba a su cargo.

Según la misiva, esta primera defección en el gabinete ampliado del presidente Andrés Manuel López Obrador se produjo, entre otras razones, porque desde la SHCP se daban instrucciones y resoluciones que correspondían a los funcionarios del IMSS, pues en su ejecución del control presupuestal los funcionarios hacendarios recurren a la imposición en lugar del diálogo, y porque las restricciones fiscales perjudican a los derechohabientes. En resumen, en la óptica del también senador con licencia, el papel otorgado a Hacienda por la actual administración federal impide sacar al IMSS de la crisis alarmante que enfrenta desde años atrás.

Por su parte, el mandatario López Obrador, quien habría recibido la renuncia de Martínez Cázares hace algunos días, respaldó las medidas de la SHCP para evitar déficit y atribuyó las "diferencias", por un lado, al deseo del ex panista de tener "más independencia en las decisiones de lo financiero" y, por otro, a las presiones y resistencias de los proveedores, quienes se resisten a dejar los esquemas de corrupción heredados de gobiernos anteriores.

Antes de avanzar en la reflexión sobre el conflicto generado entre el director dimitente del IMSS y la SHCP cabe recordar que el actual gobierno ha ido descubriendo, a partir del 1º de diciembre a la fecha, un grado de destrucción institucional mucho más severo y catastrófico de lo que cualquiera habría imaginado: por lo que se conoce hoy, la extensión de las prácticas aplicadas para desviar recursos, la perversidad administrativa en innumerables oficinas, la eficiencia gubernamental como mera simulación y la sistematicidad en el ocultamiento y distorsión de la información eran –y en muchos casos, aún son, cabe suponer, porque eso no se arregla en menos de un semestre– de una escala aterradora. Para decirlo en términos breves, el gobierno apenas funcionaba para algo más que hacer negocios al amparo del poder y para la privatización indebida de bienes públicos.

Es razonable suponer que la nueva Presidencia ha pasado buena parte de sus primeros cinco meses desenmarañando este desastre y aún no haya logrado hacerse una idea completa del estado calamitoso de la administración pública; ello explica, en buena medida, que el segundo no haya podido reactivarse ni lograr la mínima eficacia que la ciudadanía demanda con toda razón.

Con este telón de fondo, la oficial mayor de la SHCP, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó en entrevista publicada en este diario el lunes pasado la política de consolidación de compras instrumentada, como parte del programa de ahorro del gobierno federal. De acuerdo con la encargada de operar las adquisiciones del sector público, su actuación responde a la necesidad de concentrar las compras de medicinas a fin de evitar la dispersión y la disparidad de precios, la cual llega a ser de tal magnitud que un mismo fármaco se adquiere a 40 pesos en oficinas centrales y a 2 mil 200 pesos en una delegación estatal del IMSS, sin que necesariamente ello implique corrupción, pero sí una planeación indebida que permite a los laboratorios inflar los precios en compras de emergencia.

Lo cierto es que la renuncia de Martínez Cázares ha generado diversas reacciones y señalamientos sobre el modelo administrativo que el nuevo gobierno aplica. Además de las descalificaciones puras y duras, destaca la postura de la fracción de Morena en San Lázaro, que ha pedido la comparecencia del titular de la SHCP, Carlos Urzúa, para que explique el nuevo manejo presupuestal.

Más allá de posturas e intereses de los diversos actores involucrados, esta renuncia guarda un aspecto positivo en tanto lleve a analizar y debatir públicamente los procedimientos administrativos del gobierno de la Cuarta Transformación. Podrá establecerse, así, qué parte de la razón corresponde al renunciante Martínez Cázares y cuál a la Secretaría de Hacienda, y realizar los ajustes que pudieran ser necesarios para el éxito de las propuestas oficiales y, sobre todo, para el bienestar de los derechohabientes.