20 de Enero de 2019

Editorial
La Jornada
El estallido del ducto en Tlahuelilpan, cuyo trágico saldo luctuoso aún no ha sido enteramente cuantificado, evidencia con crudeza el alcance que el robo de combustible ha llegado a tener en amplios sectores de nuestra sociedad. Desde luego, la actividad de los llamados huachicoleros ocasiona la mayor sangría de hidrocarburos que sufre Petróleos Mexicanos, incluidos en ese rubro desde quienes extraen enormes volúmenes de gasolina mediante la ordeña de ductos, hasta quienes desde el interior de la empresa facilitan esas operaciones ilegales o en el mejor de los casos fingen ignorarlas. Pero numerosos episodios –de los cuales el registrado el viernes en Hidalgo es el más dramático– demuestran que el fenómeno delictivo ha echado profundas raíces en una parte considerable de la población.

La participación activa de centenares de hombres, mujeres y jóvenes provistos de toda clase de recipientes en las tomas clandestinas abiertas por los huachicoleros deja en claro que el problema va más allá de un robo que permite el enriquecimiento de un nutrido grupo de malhechores. Ciudadanos comunes pertenecientes a estratos económicamente sumergidos, durante muchos años desatendidos por el Estado, carentes de ingresos y huérfanos de posibilidades de crecimiento personal y colectivo, se cuelgan de las acciones de los ladrones de combustible a gran escala, incurriendo así en una conducta tipificada como delito y en vías de convertirse en delito grave. (La Cámara de Senadores envió a la de Diputados una minuta de reforma al artículo 19 constitucional y los legisladores no alcanzaron un acuerdo, pero el tema volverá a discutirse en febrero próximo y es probable que en esa ocasión el huachicoleo amerite prisión de manera oficiosa). Unos lo hacen de manera consciente y voluntaria, y otros coaccionados por la delincuencia, pero en la práctica en ambos casos se configura un ilícito.

Pero al margen de las sanciones legales, la participación de comunidades enteras en la sustracción y comercialización de un recurso que pertenece a la nación induce a reflexionar sobre la complejidad del asunto. Parece evidente, en primer lugar, que el vacío dejado por los distintos gobiernos federal, estatales y municipales en los estados de la República donde el fenómeno es más pronunciado ha sido llenado por la ilegal industria del comercio de huachicol. Y es preciso evitar la respuesta más sencilla (que en los dos días transcurridos desde la explosión en Hidalgo ha inundado las redes sociales) consistente en criminalizar sin más trámite a quienes en este caso resultaron víctimas del estallido y a su entorno. Más acertado y propositivo parece, en cambio, intensificar una doble campaña de sensibilización en esos sectores de la sociedad, que enfatice por un lado los riesgos físicos que implica la apropiación irregular de combustibles, y por otro la necesidad de tomar conciencia de que esta actividad perjudica no sólo a una administración de gobierno, sino esencialmente a todos los mexicanos y mexicanas que a diario trabajan duramente para ganarse el sustento, y para quienes la vida suele ser igual de difícil que la de quienes caen en la práctica del huachicoleo al por menor.

Es indispensable, sin embargo –y por fortuna el actual gobierno parece haberlo entendido así– que esta doble tarea vaya acompañada de efectivos programas sociales de ayuda, que fortalezcan el discurso de la legalidad con el recurso del apoyo económico. De otra manera, corremos el riesgo, todos, de que el saqueo y el estallido de Tlahuelilpan vuelva a repetirse más temprano que tarde.