20 de Enero de 2019

Política D: Derechos Humanos.
Meritxell Calderón Vargas

En la sociedad actual bajacaliforniana existen algunas buenas costumbres y en los gobiernos buenas prácticas que podemos recuperar al elaborar los programas y registros que encaminarán las políticas públicas en materia de Derechos Humanos de los próximos años en las diferentes ciudades de nuestro Estado y a nivel estatal.

 Hay muy feas costumbres que tendríamos que detectar y documentar para que algunos funcionarios y funcionarias sean sancionadas e ir generando castigos ejemplares para desalentar estos ilícitos; es posible prevenir los actos de corrupción tomando medidas con resultados tangibles como contar por parte de los tres niveles de gobierno con Sistemas de Archivos de la Información Pública. Los archivos públicos deben estar organizados de manera que permita a la ciudadanía conocer, por ejemplo: las minutas de las sesiones del Sub Comité Sectorial de Género del Ayuntamiento de Tijuana y conocer si se ha distribuido presupuesto a organizaciones para el avance de los derechos de las mujeres y saber los resultados de los proyectos patrocinados con dinero público.

El Programa Anticorrupción de la OCDE para América Latina es una plataforma de diálogo donde se enfocan en la erradicación del cohecho de funcionarios públicos extranjeros entre las Partes – los Estados firmantes- en las convenciones de la OCDE, la OEA y las Naciones Unidas. Desde dicho programa se pueden compartir las buenas prácticas y revisar áreas de oportunidad para mejorar lo que ya se ha realizado y es recomendable estar atentas a sus publicaciones.

 La OCDE- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos- celebró su 50º aniversario, como comentan en su página web: “sus raíces se remontan a los escombros de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Resueltos a evitar los errores de sus predecesores en la secuela de la Primera Guerra Mundial, los líderes europeos se percataron de que la mejor manera de asegurar una paz duradera era fomentar la cooperación y la reconstrucción, en vez de castigar a los vencidos.”

La OCDE realizó en 2017 un estudio en México respecto del Índice de Integridad, el proceso incluyó una seria de talleres sobre los elementos claves de los sistemas sólidos de integridad del sector público como: ética, conflictos de interés, control y auditoría, sistemas disciplinarios, mecanismos de denuncia y protección al denunciante. Hacer operativas las medidas anticorrupción no sólo requiere de mecanismos gubernamentales si no de que, desde la ciudadanía y la sociedad civil, contemos con un análisis crítico que sepa medir las acciones de los gobiernos y que podamos debatir horizontalmente los efectos y resultados de impacto de las acciones en que desde los gobiernos se decide gastar o invertir.

Este organismo internacional se encuentra trabajando en México desde hace varios años, sabemos que desde 2017 colabora con varios gobiernos sub-nacionales (Coahuila, Ciudad de México y Nuevo León) para apoyar la implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción. Las acciones clave incluyen: proveer a los comités de ética con personal permanente y mandatos más claros, refinar el protocolo de contratación para hacerlo más viable, aclarar las políticas de conflicto de intereses, proteger los derechos de quienes reportan irregularidades y equipar a los contralores internos para realizar investigaciones disciplinarias y gestionar los riesgos.

Hasta ahora en Baja California las cámaras de empresarios han sido más que participativas en los espacios donde se protegen los derechos humanos a la protección de datos personales y al acceso a la información pública. Pocas organizaciones de la sociedad civil y activistas o personas defensoras de los derechos humanos nos involucramos en procesos más institucionalizados de la defensa de estos derechos que aunque parezcan modernos, en los países donde la corrupción no es uno de los principales problemas, resulta que no hay leyes de transparencia y acceso a la información pública porque simplemente no se necesita, se cuenta con códigos de ética donde los sujetos obligados (todos: gobiernos, empresas, organizaciones) conocen de sus obligaciones al respecto y simplemente la información se publica y se hace accesible a la población de manera natural, ya que esto es clave básica de cualquier país que se haga llamar democrático.

Las normas actuales nombran “sujetos obligados” a toda entidad o persona que reciba financiamiento público, parcial o total, acá están claramente incluidos los partidos políticos. Sabemos que los partidos políticos deben de dedicar al menos un 3% de su presupuesto total en capacitación para el impulso de los liderazgos de las mujeres y por ética y por ley estas capacitaciones deben incluir un enfoque de derechos humanos de las mujeres. Entonces, siendo esta información pública ¿por qué no conocemos todas las guías, eventos, foros y diálogos que se hacen en los partidos de las mujeres en política? ¿porqué no alcanzamos a ver el resultado de ese dinero salvo en algunas honrosas excepciones donde las mujeres en política de manera autodidacta se preparan para gobernar para las mujeres?

Se dijo por el pasado presidente de México que la corrupción era parte de las costumbres de las y los mexicanos, y en parte tenía razón, el machismo, la xenofobia, el clasismo son costumbres arraigadas en la médula de la cultura mexicana pero hay muchas personas que mediante la lectura, la academia, terapia y otras herramientas nos hemos buscado acercar a formas sociales donde la práctica de la democracia paritaria e inclusiva sea posible y si es necesario, que nuestras posturas y formas de pensar queden en la agenda pública. Lo hacemos porque las mujeres de los grupos vulnerados no podemos seguir más años marginadas y excluidas de los programas sociales, de los foros públicos y de los eventos donde se toma las decisiones de nuestro Estado.

El hecho de que las y los servidores públicos deban transparentar sus acciones, así como garantizar y respetar el derecho de acceso a la información pública no es novedad, pero sí es una herramienta que tenemos quienes buscamos cambiar las feas costumbres de las personas que, escudadas en un puesto de poder, usan nuestros recursos públicos para favorecer sus campañas personales frente a sus amigos en vez de invertir en salud, educación, justicia y cultura: invertir en Gobernanza.