19 de Mayo de 2017

El arte de conversar
Arturo Méndez Preciado

Comenzaré mencionando que el reparto de utilidades es un derecho constitucional consagrado en la fracción IX del artículo 123. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 117 establece que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas conforme al porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en la Utilidades de las mismas. El porcentaje vigente es el 10 por ciento sobre la renta gravable, en los términos dela Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Este derecho suena  muy ventajoso y benéfico para los trabajadores, ya que los hace participes de las ganancias anuales que genere toda fuente de trabajo; de entrada suena muy bonito y generoso, ya que si consideramos, en teoría, que todas las fuentes de trabajo deben hacer su declaración anual y pagar sus impuestos, resulta que en teoría, todos, casi todos los obreros -por las mismas excepciones de ley- tendrían derecho a participar de la riqueza que generan las empresas: conclusión inexacta, como veremos enseguida.

En primer término, no todas las personas físicas y morales realizan actividades de manera formal, me refiero a la economía informal, que funcionan por millones en el país, y por ende no hacen declaración anual, no pagan impuestos y mucho menos pagan utilidades. Aquí la fracción IX del artículo 123 de la ley es letra muerta, se puede decir que no sirve para nada, pues existen millones de mexicanos que ni reciben ni tienen idea de lo que significa esto.

Por otro lado, hay muchas empresas que sí son causantes cautivas, pues hacen sus declaraciones anuales y pagan impuestos, declarando utilidades, por lo que aparentemente sí hay un beneficio real para el trabajador. Sin embargo -siempre hay un pero- hay muchas fórmulas para esconder utilidades: bajarlas al mínimo y pagar poco, o de plano, no pagar nada.

Ciertamente hay abogados muy creativos y fiscalistas que diseñan lo que llamamos “ingeniería jurídica” o “planeación fiscal” para darle la vuelta al máximo a esta obligación. Seguramente han escuchado en múltiples ocasiones de la figura del outsourcing (subcontratación) y me pregunto ¿cuál es el atractivo de esta ingeniería jurídico-fiscal?

Bien, existen muchas empresas -eso sí, cumplidoras por ser causantes cautivos- que generan riqueza y utilidades (evidentemente no tendría sentido una fuente de trabajo que no tuviera ganancias), que asesoradas por sus fiscalistas y con el objeto de evadir el pago de utilidades, trasladan toda su plantilla de trabajadores a una diversa que no las genera, o las que genera son  mínimas; así, la que realmente genera ganancias y tiene utilidades,convenientemente no tiene trabajadores o tiene muy pocos, de ahí que no tenga la obligación de pagar utilidades. Como consecuencia evidente, la empresa que si tiene trabajadores solo cuenta con capital suficiente para pagar nómina, por lo cual no genera utilidades, y en este caso los trabajadores se van en blanco.

Hasta aquí se observa muy sencillo, económico y práctico para las empresas, sin embargo no lo es, pues existen consecuencias riesgosas para estas.

En efecto, el artículo 15 apartado A de la Ley Federal del Trabajo regula el régimen subcontratación -outsourcing- y prohíbe que existan empresas sin trabajadores, esto es, que no se debe  subcontratar a otra empresa y trasmitir todo su personal; también establece que solo se justifica la subcontratación cuando se trate de trabajo especializado, como en el caso de contadores, abogados, limpieza, seguridad, etcétera; por último, deja claro que no se puede trasladar personal a aquella y dejar en esta a trabajadores que hagan trabajos similares;finalmente se expresa que de no cumplir con estos requisitos se considerará a los trabajadores  dispersados como empleados de la empresa principal. Todos ellos son los candados que tiene la Ley para las famosas outsourcing.

De darse estos supuestos, la ingeniería fiscal sería una ficción, pues la empresa que trata de ocultar sus utilidades -cuantiosas- conservaría el carácter de patrón, por lo que tendría que compartir  sus ganancias con aquellos trabajadores que son empleados de empresas de papel.

Yo creo que si escrutamos a las empresas que utilizan este método, la mayoría de ellas difícilmente pasaría la prueba. ¿Cuál es el riesgo de no trazar correctamente la ingeniería jurídico fiscal?que pudiera ser fácilmente nulificada en un juicio; sin embargo el método más efectivo es el que señala la fracción II del artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo, que estipula una multa de 250 a 5 mil salarios (con base en la Unidad de Medida y Actualización, que sustituye al salario  mínimo como referencia para diversos conceptos), que se debe imponer a los patrones que incumplan con la obligación de pagar utilidades,lo cual traducido al español, puede ser desde 18 mil 872.50 pesos hasta 377 mil 450 pesos.

Ahora bien, resulta más grave aun si a ello le añadimos lo que establece el artículo 992 del mismo ordenamiento, es decir, cuando con el mismo acto u omisión se lesione a varios trabajadores, se aplicará una sanción por cada uno de ellos; ejemplificado de otra manera, si tomamos en cuenta la existencia de empresas de mil trabajadores o más, multiplique la multa máxima por mil, y resultan 377 millones 450 mil, pocos, pesos.

Por cierto, el término para pagar utilidades para las personas morales vence el día último de mayo y para las personas físicas en junio; así que ¡¡¡aguas!!! Si la Secretaría de Trabajo inicia una campaña para verificar que se cumpla con esta obligación y detecta violación a la ley e incumplimiento en el pago de utilidades, les puede multar con mucho, mucho dinero. ¿Verdad que vale la pena reflexionar con el esquema de cumplimiento que se tiene?¿Usted qué opina? ¡¡Se vale réplica!!