18 de Julio de 2019

Editorial
la Jornada

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo Manzur, informó que en 21 años de operaciones la minera Grupo México ha ocasionado 22 accidentes ambientales. En conferencia de prensa para informar sobre el derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico que se produjo en una instalación de la compañía en el puerto de Guaymas, el funcionario se refirió también al vertido de 40 millones de litros de esa sustancia en los ríos Sonora y Bacanuchi en 2014, el mayor desastre ambiental de la industria minera en el país. Toledo y la procuradora federal de Protección al Ambiente, Blanca Alicia Mendoza, resaltaron el incumplimiento del convenio firmado entonces por la empresa y la Profepa, por el que la primera se comprometía a remediar los daños sociales y ambientales causados por su filial Buenavista del Cobre.

Por su parte, el senador y líder de los trabajadores mineros Napoleón Gómez Urrutia llamó a que se haga justicia y se finquen responsabilidades por el incidente en el que 65 mineros perdieron la vida tras el colapso en uno de los túneles de la explotación carbonífera de Pasta de Conchos, otra instalación operada por Grupo México.

Al inaugurar una muestra fotográfica sobre la tragedia ocurrida hace 13 años, el legislador señaló la negligencia de la trasnacional que evadió las inversiones necesarias para que la mina operase en condiciones seguras.

Si bien el propio secretario de Medio Ambiente indicó que se debe estudiar caso por caso porque no todos los incidentes han tenido la misma magnitud (por ejemplo, aparentemente lo ocurrido en Guaymas no dejará secuelas mayores), la repetición de estos eventos apunta a todas luces a la existencia de un patrón de conducta que obliga a revisar el historial de la empresa.

En este sentido, no puede pasarse por alto que la lista de Semarnat sólo incluye los accidentes con impacto ambiental, pero no aquellos de índole laboral.

Más allá del análisis puntual de cada incidente, los emblemáticos casos de Pasta de Conchos y Buenavista del Cobre dejan claro que las autoridades de sexenios anteriores fueron omisas en vigilar el cumplimiento del marco legal y que la compañía lo aprovechó para persistir en una actitud irresponsable, caracterizada por la búsqueda del lucro a expensas del entorno, de las vidas de sus trabajadores y de la salud de quienes habitan en las cercanías.

En suma, es evidente que a estas alturas no basta con hacer cumplir la legalidad flagrantemente violada en el pasado, sino que además debe modificarse el marco legal para obligar a las empresas a operar con un mínimo sentido de responsabilidad social, algo de lo que hoy por hoy muchas de ellas presumen sin darle más sustancia que la de un mero eslogan.