18 de Mayo de 2019

Columna
Ilán Semo

A principios del siglo XIX, mientras que los ingleses se volvían adictos al té, los chinos se tornaban adictos al opio. La historia es bien conocida. Entre 1805 y 1838, las importaciones de té, especies y porcelana a Inglaterra crecieron exponencialmente. China, por su parte, había logrado impedir el acceso a la mayoría de los productos ingleses. Para compensar el cuantioso déficit, la Compañía de Indias, a través de bandas criminales –acaso los tatarabuelos del moderno narcotráfico– extendió el uso del opio proveniente de India y Turquía entre millones de chinos. 

La burocracia imperial de Pekín intentó, de múltiples maneras, frenar la diseminación de esta nueva "necesidad" en la porosa región de Cantón. Un intento infructuoso. Su saldo fueron dos guerras, en las que China perdió cuantiosas partes de su territorio; la rebelión de Taiping, la de los Bóxers a principios del siglo XX y, finalmente, la deposición en 1912 de la Dinastía Qing a manos, en parte, de una clase media surgida del tráfico del opio. 

En toda esta historia, la diseminación de las drogas y la expansión del capitalismo parecen haberse dado la mano de la manera más catastrófica (para la sociedad china) y, paradójicamente, más exitosa (para los intereses europeos). 

Hasta que ocurrió la revolución de 1949. La China de Mao Tse Tung cerró por completo sus fronteras frente al mundo occidental. Deng Xiaoping, un hombre de apenas 1.52 metros de altura, empezó a abrirlas gradualmente en la década de los años 80 hacia Estados Unidos. Su lema favorito: "No importa si el gato es blanco o negro mientras atrape al ratón". Siempre guardando una ventaja para las exportaciones chinas. 

En 2016 esa ventaja se había transformado en el mayor déficit comercial y financiero de Estados Unidos en toda su historia. Fue entonces que Donald Trump inició una guerra comercial. Acaso para asegurar una parte de su superávit, Pekín recurrió –como los ingleses dos siglos antes– al opio, sólo que en una versión química: el llamado fentanyl. Se trata de una sustancia que produce los mismos efectos que la heroína natural, es 10 veces más poderosa, cuesta la tercera parte y su saldo es fatal. En Estados Unidos, por el uso de fentanyl mueren al año entre 35 mil y 45 mil personas. Probablemente, bajo la mirada complaciente de esa cultura estadunidense en la que "los débiles deben morir". 

Tal y como lo reportó hace un par de semanas Nina Lakhani en The Guardian (véase el reportaje de Romain Le Cour Grandmaison et al. en Nexos, 29/4/2019) la expansión del uso del fentanilo en la nación vecina trajo consigo la debacle de las cosechas de amapola a lo largo de todo el territorio mexicano. La razón es estrictamente "económica": la caída del precio del kilogramo de "la goma" de mil 350 a 300 dólares (aproximadamente). Una cantidad que no alcanza ni para cubrir los gastos de la siembra. 

Ironías del mercado: lo que nunca lograron el Ejército y el gobierno mexicano ni tampoco la Administración para el Control de Drogas (DEA) –erradicar los campos de amapola– el mercado lo consiguió en unos cuantos meses. Entretanto, decenas de miles de campesinos mexicanos y sus familias han sido arrojados, de nuevo, a la extrema miseria y expuestos a la arbitrariedad de los intereses mineros. 

Es probable que el crecimiento exponencial del llamado huachicoleo de gasolina en 2018 tenga que ver con la crisis de la amapola mexicana –y también de la mariguana, que ahora debe competir con la producción local de Estados Unidos– y la búsqueda, por parte del crimen organizado, de nuevos ingresos ingentes. Y una vez limitadas las diversas formas del huachicol (gasolina, medicamentos, etcétera) y de la trata de migrantes (la frontera sur ha sido prácticamente cerrada) por el gobierno actual, las industrias del crimen se han desplazado masivamente a las ciudades. 

La pregunta es: ¿qué hacer ahora? Seguramente la súbita reducción de la economía criminal traerá consigo la disminución de la demografía de las organizaciones criminales, pero no de su capacidad delictiva. Al respecto, la declaración oficial de la probable cancelación del Plan Mérida sería, de hacerse efectiva, una de las noticias más relevantes del semestre. Los cárteles en México –al igual que hace dos siglos las bandas de opio financiadas por los ingleses en el sur de China– se revelaron como uno de los elementos de control político más eficaces de las décadas recientes. De control de las agencias de Estados Unidos sobre la esfera política mexicana. Y su columna vertebral ha sido, sin duda, el Plan Mérida. A través de sus oscuros mecanismos, Washington tiene hoy presencia en cada uno de los municipios más conflictivos de México. Cancelar este instrumento representa una de las condiciones fundamentales para desmantelar el maridaje entre crimen y política que identificó a la operación del Estado hasta la fecha. Medidas que limiten la economía criminal y que expandan la política social son también significativas. Pero ninguna de ellas logrará por sí sola su cometido. 

Una hipótesis personal: sólo un auténtico tsunami de crecimeinto económico (el utópico 5 por ciento) lograría crear las condiciones para este cometido. Pero, ¿cómo lograr crecer si la falta de seguridad es, a su vez, una de las razones centrales que impide el crecimiento? La próxima colaboración versará sobre esta aporía.