18 de Enero de 2019

México SA
Carlos Fernández-Vega

Miles de millones del erario a empresas

No sólo es el robo de combustibles, porque donde se apriete brota pus. Saqueos aquí y allá, desvío de recursos por todas partes, derroche por doquier e impunidad en todos los niveles de gobierno.

Como muestra, el botón que aporta la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces: en el sexenio peñanietista, del presupuesto destinado a ese sector estratégico para la nación se hicieron transferencias de recursos públicos por alrededor de 50 mil millones de pesos a distintas empresas privadas, lo que "no es aceptable en un país en el que ni siquiera hemos llegado a invertir 0.4 por ciento del PIB en el aporte nacional a ciencia y tecnología".

Y detalló: "pese a que el presupuesto público para la ciencia ha sido raquítico, de él se hicieron transferencias de recursos a la iniciativa privada, muchas de ellas grandes empresas, muchas de ellas trasnacionales. El traspaso fue incluso de recursos líquidos".

Para la memoria, de Miguel de la Madrid a EPN todos los gobiernos neoliberales prometieron incrementar a no menos de uno por ciento del PIB los recursos públicos destinados a ciencia y tecnología. ¿Resultado? En seis sexenios tal aporte nunca pasó de 0.4 por ciento, pero los dineros sí se canalizaron a las grandes empresas del sector privado para financiar sus proyectos en beneficio propio, no de la nación.

La directora del Conacyt tiene razón, y el que denuncia es un hecho que amerita inmediata corrección. Sin embargo, la transferencia de recursos públicos al sector privado para promover la ciencia y la tecnología no fue exclusiva del sexenio peñanietista, porque ello sucede desde, cuando menos, el gobierno de Vicente Fox, para quien la democracia era "de, para y por los empresarios" ( sic).

Pues bien, en julio de 2008 (los días 4 y 5) México SA documentó algunos de los consorcios privados a los que los gobiernos foxista y calderonista autorizaron subsidios fiscales no menores a 20 mil millones de pesos, para "estimular" la ciencia y tecnología… del gran capital.

Se trata de empresas con elevadísimas utilidades y raquítica contribución al fisco. Entre ellas, Bachoco (de la familia Bours, la del ex gobernador de Sonora); Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego; Bimbo y su subsidiaria Barcel (de la siempre pía familia Servitje); las trasnacionales General Motors, Daimler-Chrysler, Volkswagen, Nissan y Ford; Arca (embotellador de Coca-Cola en México); Cadbury Adams; Laboratorios Astrazeneca; Bayer; Bombardier; Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, de FEMSA, uno de los ex propietarios del "rescatado" y extranjerizado Bancomer; Du Pont; Abbott Laboratories; Gamesa y Sabritas (subsidiarias de Pepsico); Grupo Posadas (que compró Mexicana de Aviación); Banamex-Citigroup (que se quedó con Aeroméxico); Telmex y Televisa, entre otras.

De igual forma, en abril de 2009 en México SA se comentó que por decisión de Felipe Calderón (como antes de Vicente Fox), será la empresa privada, no los grandes centros de investigación y desarrollo de tecnología del Estado, la que reciba recursos del erario para tal fin, en un intento de disfrazar el rotundo fracaso que para el país, no para la IP, significó el invento foxista de un Comité Interinstitucional (integrado por representantes del Conacyt y de las secretarías de Hacienda, Economía y Educación Pública) para la aplicación del estímulo fiscal a los gastos e inversiones en investigación y desarrollo de tecnología (30 por ciento de los realizados en un ejercicio dado, por medio del cual el fisco sacrificó alrededor de 20 mil millones de pesos entre 2001 y 2008). Y Peña Nieto simplemente siguió por esa ruta.

Las rebanadas del pastel
Ahora, como entonces, la pregunta es: ¿en qué cabeza gubernamental cabe que las trasnacionales, los fabricantes de alimentos chatarra, los hueveros sonorenses, Banamex, Telmex, Televisa y tantos otros consorcios necesitan subsidios fiscales para desarrollar su IDT? ¿Y en qué ética empresarial cabe aceptarlos?

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