17 de Febrero de 2017

El arte de conversar
Arturo Méndez Preciado

El 5 de febrero de 2017, se cumplieron cien años de la vigencia del artículo 123 de la Constitución Mexicana, el cual es un parteaguas del derecho social que nos rige.

Hace un año y por la velocidad que llevaba el proyecto de reforma constitucional en materia laboral, pensamos que todo estaba calculado para que el 5 de febrero de 2017, precisamente en el centenario de la Constitución y del artículo 123, se hiciera la publicación de tan importante reforma. 

En efecto, acontecimientos no previstos alteraron el orden planeado para el proyecto; por un lado, las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica y sus resultados, así como la retórica agresiva y amenazante de Trump y su salida del Acuerdo Transpacífico, causa generadora de la reforma. Por otra parte, los problemas económicos y políticos internos del país, sobre todo el gasolinazo y sus efectos sociales, motivaron que de momento dejara de ser prioridad en la agenda nacional.

A pesar de lo anterior, la reforma fue encaminada, pues fue aprobada por el Senado y por la Cámara de Diputados, quedando únicamente pendiente la aprobación de la mayoría de las legislatura de los estados, supuesto que se actualizó tal como lo informó el 6 de febrero de este año, el secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, quien anunció que alcanzaba el rango de constitucional, que la Cámara de Diputados hizo la declaratoria correspondiente y en cualquier momento el Senado hará lo mismo. Lo anterior significa que en breve el Presidente de la República hará la aprobación y sanción correspondiente y por ende su publicación para su aplicación y vigencia.

Para los que estamos inmersos en el mundo de la aplicación del derecho del trabajo, juzgadores, trabajadores, sindicatos, patrones, nos surgen muchas pero muchas interrogantes, ya que desconocemos cómo será el periodo de transición de un sistema a otro; queremos imaginar cómo se reglamentara la situación de los titulares de las juntas, del personal de confianza y de base, como será el desmantelamiento de las instalaciones. ¿O será que solo cambiará el nombre y seguirán funcionando en donde mismo? ¿O tal vez se construyan nuevas y flamantes instalaciones? La duda más recurrente es el tiempo, la agenda, ¿cuándo pasara esto? Por cierto, existe temor de miles de servidores que han pasado la mayor parte de su vida en los tribunales laborales de que quedarán sin trabajo al desaparecer las juntas.

Por lo pronto, la simple publicación de la reforma constitucional no implica que ipso facto desaparezcan los tribunales del trabajo; quedan tareas pendientes de resolver, que son necesarias para la implementación de la reforma. Por lo pronto, los transitorios hablan de un año para implementarlas, la pregunta es, ¿será posible que un año sea tiempo suficiente para hacer las reformas legales, tanto federales, como locales necesarias, para que cuando menos se eche andar en este sexenio?

Otra interrogante nos viene a la cabeza, ¿se convocará a los sectores interesados y afectados para que participen en el análisis del proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo (el Secretario de Trabajo nos dio una pista al bautizarlo como Código Nacional de Procedimientos Laborales), así como también de la normatividad para el organismo público descentralizado para la instancia conciliadora y registro de asociaciones y contratos colectivos? ¿O será como se hizo con la reforma constitucional, en lo oscurito y sin consenso, ante la presión por el Acuerdo Transpacífico? Aún más preguntas: existe incertidumbre y poca claridad sobre las facultades y atribuciones de los estados para la integración de los tribunales y su procedimiento para la designación de los jueces laborales y del organismo público descentralizado conciliador; la huelga ¿dónde quedará inmersa? ¿En el organismo conciliador, desde la etapa de pre huelga hasta la huelga estallada? ¿y la imputabilidad ante los jueces laborales?

Al margen de estas incógnitas (hay muchas más), observamos dos problemas a resolver: primero, ¿cuándo serán presentadas la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo y la normatividad del organismo público descentralizado tantas veces mencionado? Recordemos que este periodo ordinario de sesiones concluye el 30 de abril, o en el que inicia el 1 de septiembre y concluye el 15 de diciembre. Si quieren respetar el año a que se refieren los transitorios de la reforma constitucional, tendría que ser a más tardar el día 13 de octubre de este año, para dar oportunidad a que en este sexenio se aplique o cuando menos inicie su implementación. Segundo: el no menos importante tema del presupuesto; por lo pronto la federación y los estados no incluyeron en su presupuesto de este año las partidas necesarias para aplicar el sistema, así que este año, para los que están preocupados olvídenlo; así las cosas, para quienes piensen que el año que entra podrá implementarse el método, tendría que aprobarse en los presupuestos federales y locales a fin de año, para el que entra desmontar las juntas y dar vida a los juzgados laborales. ¿Difícil verdad? ¿Los recursos económicos estarán listos? Habrá que preguntarle al secretario del trabajo líder del proyecto.

La impresión final es que, seguramente, harán las reformas y publicaciones correspondientes en este sexenio listo para que el próximo concluya la tarea, pero tal vez me equivoque. Ustedes, ¿qué opinan?

armendezpreciado@gmail.com