16 de Mayo de 2019

Columna
Orlando Delgado Selley

Dos oportunidades ha tenido el gobierno de AMLO para plantear la función que le asigna a la educación superior. En la recientemente aprobada Ley de Educación como en el Plan Nacional de Desarrollo que se discute, el gobierno federal y la mayoría legislativa de la que dispone han sido imprecisos respecto de las respuestas que proponen a los desafíos que enfrenta la educación superior en el país. Aprovechando una intervención reciente del rector de la Universidad Iberoamericana, David Fernández, puede señalarse que la educación superior enfrenta 10 desafíos centrales.

El primero es el de la cobertura. La cobertura actual no alcanza 40 por ciento, pese a que aumentó en los cuatro lustros recientes. A AMLO le interesa incrementar la tasa de cobertura, pero no ha determinado a que proporción se compromete a llegar. A las universidades públicas les debe corresponder la mayor responsabilidad, pero este reconocimiento parece perderse en el esfuerzo por crear el Sistema Universitario Benito Juárez, que ha arrancado ofreciendo un solo programa de licenciatura en los sitios en los que se ha abierto.

El segundo desafío es la incapacidad de los gobiernos, tanto federal como estatales, para financiar a las universidades públicas en el marco de las decisiones sobre gratuidad. Si se pretende aumentar la matrícula en cierta medida: 10 o 15 por ciento en el sexenio para llegar a 50-55 por ciento, ¿a qué incrementos presupuestales se comprometerían los gobiernos? Un tercer desafío es la feminización de la matrícula universitaria. En las universidades la presencia de las mujeres en los diferentes programas académicos es prácticamente igual a la de los hombres. Sin embargo, no ha cambiado la manera en la que las universidades desempeñan sus funciones sustantivas. No sorprende que haya solo dos mujeres dirigiendo instituciones de educación superior en el país.

Un cuarto desafío es la incorporación a las universidades de estudiantes de grupos vulnerables, tanto por sus características socioeconómicas como por su origen étnico. Pese a esta presencia evidente no existen criterios para reconocer las especificidades de las universidades que atienden esta demanda. Un quinto desafío es que el incremento de la matrícula universitaria se ha acompañado por el surgimiento de nuevas entidades con perfiles muy diferentes, respondiendo a grupos religiosos o empresariales, y que no garantizan que sus funciones docentes se llevan a cabo con la calidad necesaria en la formación universitaria.

Este amplio grupo de nuevas universidades y algunas más han reivindicado procesos formativos que pretenden responder a las necesidades de los mercados profesionales. Sin cuestionar la pertinencia del propósito lo que preocupa, constituyendo el sexto desafío, es que la pretensión puede implicar incumplimientos relevantes. El sexto desafío es la participación de grupos empresariales operando franquicias internacionales cuya solidez formativa puede ser cuestionable. Se pretende dar credibilidad a una propuesta universitaria por el simple hecho de ser parte de una cadena internacional. Un séptimo desafío es la aparición de enfoques educativos en los que se modifican los paradigmas convencionales, pero que no se han sometido a procesos de evaluación que permitan reconocer sus virtudes, así como sus posibles defectos.

La proliferación de instituciones con perfiles diferenciados surgidas de iniciativas empresariales en busca de ingresos y, sobre todo, de utilidades, ha puesto de relieve la necesidad de la evaluación y la acreditación de la calidad educativa. Se ha creado, en consecuencia, un mercado que es esencialmente atendido por instancias privadas, reguladas laxamente por las autoridades educativas del país. Ordenar este espacio constituye un octavo desafío. Se trata de incorporar requerimientos nacionales que parecen indispensables y que tendrían que ser compatibles con la autonomía universitaria.

Dos últimos desafíos marcan la vida universitaria: la internacionalización se ha impuesto globalmente, la mayoría de las universidades han respondido con entusiasmo, pero hay pocos elementos para valorar las repercusiones en el cumplimiento de sus funciones sustantivas. Un último asunto es la insistencia en que las universidades tienen una responsabilidad importante con la sociedad. Sin embargo, esta responsabilidad social se ha entendido de la manera en la que la conciben las empresas y no, como debiera interesarle a un gobierno cuya pretensión de generar bienestar social es explícita. Se trata de dar a las universidades las responsabilidades que le corresponden, asumiendo que al gobierno también le compete normar la manera en la que cumplen con esas responsabilidades.

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