16 de Mayo de 2019

Editorial
la Jornada

El hasta ayer fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, prefirió renunciar a su cargo antes que cumplir la orden emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz de liberar de inmediato al ex comandante guerrillero Jesús Santrich, quien se encuentra en una prisión de alta seguridad desde abril del año pasado acusado de cargos de narcotráfico –que presumiblemente le fueron fabricados por la propia fiscalía y por la embajada de Estados Unidos en Bogotá– y por los cuales es reclamado en extradición por Washington. 

La confrontación entre el ex procurador y el organismo de justicia transicional establecido a raíz de los acuerdos de paz firmados por las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ex presidente Juan Manuel Santos es una de las expresiones del deterioro que ha experimentado el proceso pacificador desde que llegó a la jefatura del Estado el derechista Iván Duque Márquez, en agosto del año pasado. 

Debe considerarse que el actual mandatario es hechura política del también ex presidente Álvaro Uribe Vélez, un acérrimo opositor a la compleja negociación de paz que las FARC y el gobierno de Santos emprendieron en 2012 y que desembocaron, cuatro años más tarde, en un acuerdo “final, integral y definitivo” que sin embargo hubo de ser modificado dos meses más tarde porque no logró su aprobación en un primer plebiscito de refrendo. 

Desgraciadamente, a pesar de lo avanzado del acuerdo pacificador, la violencia y la persecución política no amainaron un solo día y su cumplimiento se ha visto sistemáticamente obstaculizado desde el poder público y estamentos de la delincuencia. La resistencia a la aplicación de los mecanismos de justicia transicional previstos en el acuerdo de paz procede del sector oligárquico, mayoritario en la clase política colombiana y de los grupos paramilitares que, a pesar de los discursos en contrario, siguen sin ser desarmados y disueltos. Uno y otros reciben el apoyo activo del gobierno estadunidense. 

En el curso del año pasado fueron asesinados más de un centenar de líderes sociales y defensores de los derechos humanos y en los primeros cuatro meses de 2019, 51. A ello debe aunarse el constante hostigamiento en contra de ex combatientes de la guerrilla desmovilizada, los cuales fundaron el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que conserva el acrónimo de la organización político-militar disuelta. Suman 140 los ex guerrilleros que han muerto a manos de sicarios desde la firma del acuerdo de paz. El más reciente de ellos fue el ex comandante Jorge Enrique Corredor, muerto a tiros en la localidad de Tulua, Valle del Cauca. 

Tanto la ONU como organismos no gubernamentales han expresado su preocupación por lo que parece ser una cacería de ex guerrilleros. 

En tales circunstancias, la dirigencia de la FARC advirtió ayer que “hay sectores que quieren llevar el acuerdo de paz a una encrucijada que pueda desembocar en un nuevo ciclo de violencia de consecuencias incalculables”, y reprochó que, aunque desde que Duque tomó posesión ha buscado una audiencia con él para impulsar el estado del proceso de pacificación, el gobernante se ha negado a recibirla. 

Cabe esperar que la sociedad colombiana sea capaz de ejercer la suficiente presión sobre la derecha gobernante como para que se vea obligada a acatar los términos del acuerdo de paz firmado en 2016. De no ser por esa perspectiva, el país parece condenado a una recaída trágica en la violencia.