16 de Mayo de 2018

Jesús N. Mata Plascencia 
Jesús N. Mata Plascencia 
En enero del 2017 todos los municipios del estado, incluido Ensenada, la ciudadanía protagonizo las manifestaciones espontáneas más numerosas de las últimas décadas con los reclamos sociales principales  “No al gasolinazo” y “No a la privatización del agua”.

Desde entonces en Ensenada, al igual que en el resto de ciudades de Baja California, los ciudadanos pasamos muy rápido de la movilización a la organización, por lo que diversos colectivos se formaron desde entonces, entre ellos la Comisión Plural Ciudadana “Agua para Ensenada”.

La Comisión Plural Ciudadana “Agua para Ensenada” emprendió una lucha muy precisa para enfrentar la privatización del agua potable que la Ley del Agua promulgada por el Gobernador Francisco Vega en diciembre del 2016 intentaba imponer a partir de enero del 2017. 

El objetivo principal  de la comisión es lograr municipalizar el control directo sobre el servicio público del agua potable por una vía constitucional y quitar al Gobierno del Estado el control del agua potable que mantiene desde hace 50 años e impidiera su privatización.

Para ello un grupo de abogados se organizó e inició con la sencilla petición al XXII Ayuntamiento de Ensenada, dirigida particularmente a la Comisión del Agua del Cabildo y al Cabildo Ensenadense en general, a fin de que elaborara y presentara un punto de acuerdo al pleno del cabildo municipal para requerir al Estado la devolución de los recursos hídricos municipales y el control directo del servicio público del agua potable de la ciudad, de conformidad al artículo 115 constitucional. 

Dicha solicitud no fue contestada durante nueve meses, pese a tres reiteraciones formales, sin embargo durante este tiempo Agua para Ensenada organizó y desarrolló los tres primeros foros ciudadanos sobre el tema agua, de los más de veinte que en los siguientes meses se desarrollaron en la entidad, por autoridades, grupos empresariales y universidades locales.

En noviembre del 2017 se interpuso un amparo indirecto por violación al derecho de petición (tras no haberse contestado dicha petición formal), y en febrero del 2018 se concedió el amparo por el Juzgado Octavo de Distrito con sede en la ciudad.

Como consecuencia de la concesión de amparo, el municipio se vio obligado a acelerar una sesión de la Comisión del Agua y elaborar un punto de acuerdo respectivo, asimismo lo elevó al pleno del cabildo y se votó (porque no se permitió ni discusión, ni tampoco posicionamientos de los regidores). Dicho Punto de Acuerdo 01/2018 referido a la solicitud ciudadana que pedía al Gobierno del Estado la devolución del control directo del servicio público de agua potable, el Cabildo Ensenadense lo consideró “Improcedente”.

Ahora bien, el acuerdo de cabildo 01/2018 donde se considera “Improcedente” la solicitud ciudadana que está constitucionalmente fundada es un documento que técnica, jurídica y políticamente “no es una respuesta legal válida”.

 
En tal virtud, la Jueza 8va. de Distrito, valorará si sanciona a las “Autoridades Responsables” (Municipio, Cabildo, Comisión del Agua, etc.), primero con “100 UMAS” por no dar contestación completa, fundada y suficiente a los ciudadanos, y que sea constitucionalmente válida.

En caso de reiterar en la violación (pretensión de responder ilegal, insuficiente, deficientemente, etc.) al derecho de petición de la ciudadanía (Art. 8vo Constitucional) puede iniciarse un procedimiento de “inejecución de sentencia” que consistiría en una muy probable destitución del Cabildo Municipal de Ensenada.

Los ciudadanos organizados en Ensenada, empezamos a percibir molestia de algunas las autoridades e indicios de hostigamiento sistemático a quienes realizamos la ruta jurídica de la gestión por municipalizar el control del agua potable, e incluso a otros ciudadanos participantes, por lo que denunciamos esas acciones contra una lucha que consideramos justa para el bienestar de todos los ensenadenses.