15 de Abril de 2018

Editorial
La Jornada
No alcanzó grandes alturas la octava Cumbre de las Américas que ayer finalizó en Perú y cuyos principales temas de discusión giraron alrededor de la corrupción, un flagelo del que no escapa prácticamente ninguna de las naciones que estuvieron representadas en la reunión. Es posible que las notorias ausencias del presidente estadunidense Donald Trump y de su homólogo venezolano Nicolás Maduro hayan contribuido a restarle interés y brillo al encuentro, pero la opacidad del mismo se debió, en esencia, a la incapacidad de los asistentes para diseñar medidas concretas y efecti-vas para acabar con un fenómeno que le cuesta a América Latina miles de millones de dólares por año. Y para colmo, el secuestro y asesinato de dos periodistas en Ecuador –que obligó al Ejecutivo de ese país a abandonar precipitadamente el país sede– y el ataque a Siria lanzado por Estados Unidos y sus aliados europeos, que concitó la atención del mundo, se interpusieron para quitarle aún más reflectores a la desangelada cumbre.

Sin embargo, la mayor dificultad con que tropezaron la mayoría de los asistentes fue que en muchos casos sus gobiernos se encuentran envueltos en los más variados escándalos de corrupción (o por lomenos están acusados de practicarla), lo que lleva a tomar con escepticismo tanto sus ampulosas condenas verbales al fenómeno, como su voluntad para combatirlo de manera decidida. Si se piensa que hace apenas unas semanas el país anfitrión debió aceptar la renuncia del anterior presidente Pedro Pablo Kuczynski por un caso de corrupción, y que el primer mandatario actual, Martín Vizcarra, no se libró de varias acusaciones (aunque no se le probó ninguna), se tiene una idea de las reservas que generaron las conversaciones llevadas a cabo en la cumbre.

Por otra parte, el uso y abuso político que frecuentemente se les está dando a los cargos de corrupción, donde presunciones, pruebas endebles o fraguadas y episodios oscuros bastan para cuestionar la gestión de gobiernos legítimamente electos (sugestivamente todos ellos de orientación progresista y antisistema) conspira contra la seriedad de las conclusiones a que llegue la octava Cumbre, si es que llega a alguna.

Las apelaciones a hacer cumplir la ley para sancionar actos de corrupción resultan intrascendentes, porque a menudo los propios aparatos legales (incluidos los encargados de administrar e impartir justicia) están inficionados por prácticas corruptas y desembocan en la espinosa cuestión de quién juzga a los juzgadores. Los casos de Lula en Brasil y Cristina Kirchner en Argentina, por citar sólo los dos más mediáticos, evidencian que cuando de corrupción se trata la ley en la mano no representa mayor garantía de imparcialidad ni de justicia.

Pero lo que la cumbre no logró en materia de combate a la corrupción lo compensó con exhortos democráticos muy a modo para Washington: abundaron las condenas al gobierno de Venezuela, se hizo explícita la intención de aislar a ese país internacionalmente, y se aprovechó el bombardeo estadunidense a Siria para condenar al régimen sirio, sin una palabra de censura para los atacantes.

En suma, se trató de una cumbre cuya altura fue, por decir lo menos, ciertamente muy modesta.