14 de Abril de 2019

Columna
Jorge Durand

Más que una crisismigratoria, vivimos una crisis de la política migratoria. Los sistemas de control, de eso se trata la política, no cumplen con los objetivos previstos y, peor aún, tienen consecuencias no anticipadas o completamente contrarias a lo que se pretendía lograr con ellas.

En el caso de Estados Unidos, el sistema de control fronterizo estaba diseñado para migrantes económicos, para trabajadores y especialmente para mexicanos que ingresaban de manera clandestina por la frontera. En ese sentido el muro, tal como está, tuvo éxito en tiempos anteriores al incrementar los costos y los riesgos del cruce subrepticio. Se trataba de una política disuasiva y cumplió parcialmente con su objetivo. De hecho la patrulla fronteriza está desocupada la mayor parte del tiempo.

Los controles en los puntos de entrada, para migrantes legales, también tienen fallas, pero operan de manera más o menos eficiente como filtro final. Lo que no funciona, es el seguimiento de los migrantes que tienen visas temporales y no hay modo de saber si se excedieron del tiempo permitido. Gran parte de la migración que hoy está en situación irregular entró como turista o con algún tipo de visa.

Los controles al interior de Estados Unidos, a cargo de la migra (ICE), son más complejos porque para ser eficientes requieren de apoyo de las policías locales. Para eso está la disposición 287G, de la ley de 1996, que se llama de "comunidades seguras". La labor de identificación y detención se logra con la complicidad de la policía, que en casos del algún incidente policiaco o de tráfico con migrantes, solicita la intervención del ICE. Este mecanismo requiere de convenios y hay ciudades y comunidades que se oponen a firmarlo. También pueden hacer redadas masivas, como la que se hizo en Texas hace una semana, pero no son tan frecuentes.

La crisis actual está focalizada en la demanda creciente de solicitudes de refugio de migrantes, que cruzan la frontera de manera irregular y que buscan precisamente la atención de la migra, para ser capturados y luego entrar de lleno en el proceso de audiencia y solicitud de refugio. En el caso de familias enteras y de menores de edad, la intención de solicitar refugio es generalizada y hay procedimientos específicos para tratar estos casos. Aquí se aplicó la política de "tolerancia cero" que consistió en la separación de las familias, nunca había habido una política tan agresiva y violenta. Y fracasó, no evitó la llegada de nuevos flujos y creó un problema mayúsculo.

De manera adicional, la crisis, propiamente, explota porque los solicitantes de refugio son mayoritariamente centroamericanos o de otros países y, teóricamente, no pueden ser deportados a México, sino a sus naciones de origen. Esto se solucionaría si nuestra nación aceptara ser un "tercer país seguro" y los migrantes tendrían la obligación de pedir primero refugio en México. Lo que técnicamente no es el caso, aunque se les ofrece y muchos lo solicitan.

La solución intermedia fue la deposición legal 235, de la ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, que dice que puede deportar a México a nacionales de otro país que hayan ingresado por la frontera.

Esta medida unilateral, fue planteada a nuestro país, en diciembre de 2018 y aceptada en febrero de 2019, afirmándose que: "México no coincide con esa medida unilateral, se admitió de manera temporal y por razones humanitarias, el ingreso de ciertos migrantes, con base en el compromiso de México con los derechos humanos".

Se trataba de que los solicitantes de refugio, que tuvieran audiencia programada en Estados Unidos, esperaran en México a su cita y que serían recibidos en la República Mexicana por razones humanitarias. Ese proceso ya estaba en marcha y querían acelerarlo e incrementar más admisiones diarias y nuevos puertos de entrada.

Esta es quizá la medida más controvertida de los acuerdos migratorios entre el gobierno mexicano actual y Estados Unidos, que puede considerarse como una consesión excesiva y que a final de cuentas constituye una medida de contención indirecta al flujo migratorio que ingresa al país. Estados Unidos trataba de cambiar la política de "atrapar y soltar" a solicitantes de refugio durante el juicio, a la de "atrapar y devolver" a los que tuvieran una cita acordada.

Sin duda es una medida que atenta contra al derecho internacional y un cambio radical en una práctica centenaria en la relación fronteriza entre México y Estados Unidos. Es muy raro que una nación acepte medidas unilaterales de otra, de devolución de extranjeros a su territorio.

El tema queda pendiente, porque los abogados de los migrantes en Estados Unidos han impugnado esta decisión y por el momento está cancelada, por ir en contra de los convenios establecidos sobre refugio y otras disposiciones legales. Los migrantes centroamericanos, por supuesto, están felices con esta decisión.

Sin embargo, queda pendiente una discusión más amplia sobre este tema, que tarde o temprano volverá a tocar nuestra puerta. Por lo pronto, a Marcelo Ebrad lo salvó la campana.