14 de Abril de 2019

Editorial
la Jornada

La campaña emprendida en Nuevo León contra la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de esa entidad, Sofía Velasco Becerra, por interponer un recurso de inconstitucionalidad que impugna la reforma al artículo 1 de la Carta Magna local (que en la práctica prohíbe el aborto), se inscribe dentro de la lenta pero sostenida ofensiva que los sectores más conservadores del país llevan a cabo en materia de lo que, pese a sus objeciones, son derechos sociales.

En los términos de la citada reforma, el segundo párrafo de la constitución neoleonesa señala que el ser humano “(…) Desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes (...)” , llevando la discusión una vez más a un punto acerca del cual no ha habido, no hay y no parece que vaya a haber ningún acuerdo: el momento en que ocurre el inicio de la vida. Menos tardó la funcionaria de la CEDH en promover la controversia constitucional, que un grupo de organizaciones "provida", aglutinadas bajo el rótulo de Familias Fuertes Unidas de Nuevo León, en anunciar que pedirían un juicio político contra Velasco Becerra, y naturalmente su destitución. Cuestionaron, de paso, su capacidad para ejercer el cargo: "Si no es capaz de defender al ser humano desde que es más vulnerable, cuando ha sido concebido, cómo nos va a defender cuando seamos adultos", arguyó uno de los integrantes del grupo cuestionador.

Del otro lado también surgieron voces de respaldo a la defensora de los derechos humanos, que calificaron de "infame" y "criminal" la embestida de Familias Fuertes, con lo que la polémica subió de tono y las opiniones alcanzaron el punto sin retorno de la polarización.

Por otro lado, apenas el pasado miércoles 10, el Senado yucateco había rechazado un dictamen –que el día anterior había aprobado la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del congreso local– en el sentido de legalizar el matrimonio igualitario en la entidad y armonizar el instrumento legal con los tratados internacionales sobre la materia. La aparente incongruencia de los legisladores locales tuvo su explicación en el mecanismo del voto secreto (usado por primera vez en el estado del sureste), lo que indicaría que, al menos en ocasiones, los representantes populares dicen una cosa y creen otra.

Pero, como sea, la decisión del Congreso de Yucatán vino a constituir un anticipo de lo sucedido en Monterrey, donde el pensamiento de la derecha se manifiesta en declaraciones y acciones concretas. No se trata, sin embargo, de un fenómeno privativo de México: en numerosas regiones del mundo, naciones industrializadas incluidas, la derecha radical en sus distintas variantes siembra sus semillas de intolerancia, misoginia y exclusión, y coloca a sus líderes en estratégicos puestos políticos.

No deja de ser paradójico que en un mundo donde campean el desempleo, los feminicidios, los apuros económicos, las olas de migración forzada y los desajustes climáticos, sea precisamente la derecha, enemiga declarada de los sectores vulnerables y las causas de la gente común, la que vaya ganando espacios. Paradójico y digno de urgente análisis.