12 de Septiembre de 2018

Vianett Medina
Vianett Medina
Pocas veces un espacio universitario local congrega diversos grupos de protesta, algunos con pancartas. A la Ibero Tijuana, que dio cabida al Foro Escucha Tijuana, asistieron defensores y víctimas en temas de migración, desapariciones, privación de la libertad, fraudes y despojos, como aquellas que perdieron sus casas en Lomas del Rubí hace más de siete meses. “Grupo Melo ha hecho todo lo posible por que no se haga justicia”, dijo una de las víctimas presentes en la mesa Prevención de la Violencia, uno de los cinco ejes temáticos que conformaron el Foro por la Pacificación y Reconciliación Nacional, convocado por el equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, este martes 11.

Al inicio de la mesa Prevención de la Violencia y Reconstitución del Tejido Social se presentó la metodología y las reglas: intervenciones de tres minutos por participante en cada uno de los cinco bloques de análisis, los que también estructuraban el cuestionario entregado a cada participante para su llenado. No cámaras, no grabadoras, no celulares. Y respeto a la opinión ajena. Los bloques se orientaban a indagar las causas de la violencia, la experiencia de las víctimas, las estrategias de acción, las propuestas al gobierno y la noción de reconciliación. Un cuestionario algo desestructurado, en mi opinión, que dio lugar a que cada participante hablara de todo un poco al principio. Después de una hora, el diálogo emergía con una confianza mayor para señalar a las autoridades como actores fundamentales en la producción de la violencia que recurren a prácticas de acoso, violación sexual, extorsión y abuso de las leyes.

Si bien el grupo parecía uniformemente de acuerdo en algunos temas, como al señalar el mal comportamiento de las autoridades locales que incluso han impedido el trabajo de las asociaciones defensoras de víctimas –especialmente las de carácter religioso, especializadas en el trabajo con migrantes–, sobre el tema de las drogas se observaron dos tendencias. Primero hablaron quienes apuestan por la educación familiar y entrenamiento de jóvenes en riesgo del consumo de drogas y su incorporación a redes de violencia, con un énfasis en la educación en la familia. Luego, quienes apoyan la despenalización de las drogas en función del control del consumo y la recaudación.

No hubo debate pero nadie negó siquiera con la cabeza las diversas propuestas, mientras que la mayoría asintió solidaria ante el reclamo de una víctima de Lomas del Rubí que acusaba el interés empresarial de un gobierno indiferente.

A las dos de la tarde –hora en que terminaría el Foro– un tercio del grupo (unas veinticinco personas) había abandonado la sala. No obstante, se siguieron pronunciando juicios bastante divergentes de la actual economía, como quien dijo que las casas construidas por la desarrolladora Melo debían pasar, sin más, a propiedad de las víctimas del derrumbe, quienes con la pérdida de sus casas y sus bienes se han hecho de gastos y enfermedades derivadas de aquéllas. Las personas con alguna discapacidad alimentaban el diálogo al hablar de las injusticias de las autoridades al privarlas de su derecho al trabajo. Otras más insistían en la pérdida de valores familiares.

Al final la lista de propuestas al gobierno se hizo larga, difícil de seguir por el equipo de jóvenes que hacía las funciones de conducción y relatoría del evento.  Entre las de tipo político se pidió: una nueva reforma educativa, con temas de humanidades y ética; una redistribución del poder y una depuración en las instituciones públicas que incluya la selección rigurosa de funcionarios; en lo social, revisar integralmente los procesos de violencia, reparar y fomentar la justicia restaurativa, apoyar y articular los trabajos de las asociaciones civiles, apoyar programas de enfoque integral de agresores, crear y ejecutar diversos programas de inserción social y un plan de prevención de violencia con atención a jóvenes; para la rehabilitación, formar comunidades terapéuticas e instituciones de salud que prevengan y atiendan problemáticas que desbordan la frontera, como la salud mental. Se hizo la pregunta: ¿dónde está el trabajo del programa para migrantes que ostenta el gobierno estatal?

En la penúltima síntesis elaborada por la relatoría parecía perderse un tema que se trató de forma intermitente: la violencia del Estado que soslaya la injusticia y así fomenta las brechas salariales y la explotación laboral. Para acentuarlo, el relator hizo saber que había quedado registrada la necesidad de una reforma económica. Aproveché un desliz del equipo de estudiantes voluntarios del servicio logístico de la mesa, que lanzó la pregunta al público ¿qué piden al gobierno y qué van a hacer ustedes? y recordé que las personas presentes tenían experiencia de sobra en esos temas. Que no iban a hacer algo a partir de ahora: que ya tenían años haciéndolo. “No vayan a subestimarlas”, pedí al equipo ya incomodado por mi intervención.  “Su opinión vale más que la opinión del asesor de un diputado”, acicateé de nuevo. Revisaron sus notas. “Tengan seguridad de que toda la información llegará al nuevo gobierno”, prometieron.

*Directora y coordinadora de la maestría en Mediación Intercultural en el CPE Sor Juana y productora del programa de radio “Bordear el Desierto. Los derechos humanos a través de la frontera” (Fusión 102.5 fm).