12 de Septiembre de 2017

Editorial
La Jornada

Según un documento dado a conocer ayer por Oxfam, la desigualdad de ingresos entre el 10 por ciento de los más pobres y el 10 por ciento de los más ricos del país es de 154 mil pesos, proporción que se ha mantenido constante en los dos años anteriores. Con base en lo declarado por Diego Vázquez, investigador de la organización referida, en la presentacion del reporte, el aumento de ingresos en el periodo 2014-2016 afecta de manera distinta a esos deciles de la población, pues mientras el más bajo no consigue comprar ni un kilo de tortillas con 10 pesos, el más alto adquiere dos boletos de cine con cien pesos.

En otras cifras, el documento indica que los 12 millones de personas más favorecidas concentran 36.6 por ciento del ingreso total de los hogares, mientras el 10 por ciento más pobre apenas obtiene 1.8 por ciento de esa suma global. Un ejemplo terrible de lo que significan estos números es el dato de que los 35 mil 421 millones de pesos que presuntamente desvió el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte representan una suma cercana al ingreso total del 10 por ciento de los mexicanos más pobres.

Si se considera que los desvíos atribuidos a Duarte son sólo una pequeña parte de cuantos han sido denunciados en los sectores petrolero y de infraestructura a lo largo del presente sexenio, resulta inevitable concluir que los recursos perdidos por el erario a consecuencia de la corrupción –calculados por diversos organismos internacionales y dirigencias empresariales en alrededor de un billón de pesos anuales– habrían podido emplearse en reducir y aliviar la pobreza y la precariedad de millones de mexicanos.

Lo anterior se habría realizado incluso sin modificar el modelo económico vigente, que se caracteriza por concentrar la riqueza en unas cuantas manos y en la multiplicación de la marginalidad y la carencia; no por nada el neoliberalismo en curso ha sido llamado una fábrica de pobres.

La estadística de Oxfam tiene, por lo demás, una traducción inmediata en la dramática realidad que se cierne sobre muchos miles de mexicanos en Oaxaca, Veracruz y Chiapas a raíz de los efectos del huracán Katia y del terremoto registrado el jueves de la semana pasada. Es claro que la gran mayoría de los damnificados por esos fenómenos naturales pertenece al decil más pobre que se señala en el documento citado, y las consecuencias del meteoro y del sismo de la semana pasada se ven multiplicadas y acentuadas por las paupérrimas condiciones de construcción, las vialidades defectuosas, las comunicaciones precarias y la mala infraestructura en general de las regiones afectadas.

Un país que se mantiene entre la opulencia de las zonas urbanas infladas por la especulación inmobiliaria y los pueblos marginados de diversas entidades es, necesariamente, un país de estabilidad frágil y de gobernabilidad incierta.

La aceptación de la desigualdad extrema como parte de la normalidad del panorama social es, por su lado, un factor de descomposición ética y política que reafirma el camino de deterioro social generalizado en el que se encuentra la nación.

En consecuencia, las cifras aquí citadas debieran constituir un foco rojopara los encargados de elaborar las políticas económica y social, los cuales deberían comprender que, de seguir por esta senda, México se acerca a un desastre sin precedente, y no precisamente por causas naturales.