12 de Julio de 2019

Editorial
la Jornada
En Guaymas, Sonora, la falla de una válvula en una instalación de Grupo México provocó el martes pasado el derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico en aguas del Mar de Cortés. De acuerdo con voceros de la empresa y con la Administración Portuaria Integral de la localidad, el percance fue controlado ese mismo día y no hubo personas lesionadas.
 
Cabe recordar que hace cinco años Grupo México protagonizó el mayor desastre ambiental en la historia de la industria minera en nuestro país, cuando su mina Buenavista del Cobre derramó 40 millones de litros de ácido sulfúrico con 700 toneladas de metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora. Las consecuencias de este incidente sobre dichos cuerpos de agua, el ecosistema y los habitantes de la región continúan hasta hoy porque la compañía incumplió los compromisos de saneamiento y atención a los afectados. La negligencia con la cual conduce sus operaciones la trasnacional dirigida por Germán Larrea Mota Velasco no sólo ha dejado devastación ambiental, sino también humana, como ocurrió en septiembre de 2006, cuando las malas condiciones de mantenimiento de la mina Pasta de Conchos provocaron el colapso en uno de los túneles de la explotación carbonífera en la cual perdieron la vida 65 mineros y resultaron heridos 13 más.
 
Pese a estas reiteradas demostraciones de indolencia criminal, las autoridades de los tres sexenios pasados no sólo no procedieron contra el grupo empresarial y sus dirigentes, sino que se erigieron en sus defensores de oficio e incluso en su fuerza de choque: así fue cuando el gobierno de Felipe Calderón ordenó a más de 2 mil policías federales ejecutar la violenta represión de los mineros que se encontraban en huelga en Cananea, impuso por la vía judicial al sindicato propatronal y desconoció a la legítima dirigencia gremial; en el mismo sentido actuó la administración de Enrique Peña Nieto al permitir que integrantes del Ejército se sumaran a los policías estatales y municipales que irrumpieron en la mina San Martín, en Sombrerete, Zacatecas, para romper la huelga mediante la cual los mineros exigían las elementales condiciones de seguridad para realizar sus labores.
 
Esta complicidad de facto del poder político de ninguna manera se limita al caso de Grupo México ni a las empresas del sector minero; tampoco se inició en el pasado reciente ni se circunscribe al ámbito mexicano. Como antecedentes históricos de compañías que debieron ser intervenidas y desarticuladas tras cometer actos criminales que no le serían permitidos a ninguna persona física, pero que fueron arropadas e incluso ensalzadas por gobiernos y medios de comunicación, puede enlistarse a las automotrices alemanas Daimler-Benz, BUM y Volkswagen, las cuales han admitido haber usado mano de obra esclava en la Alemania nazi; a la petrolera Standard Oil, que incluso tras la invasión de Polonia por Adolf Hitler continuó vendiendo hidrocarburos y contribuyendo a la investigación tecnológica de ese régimen; a la empresa de comunicaciones International Telephone and Telegraph (hoy AT&T), financiadora del golpe de Estado contra Salvador Allende, o a Exxon, causante de uno de los mayores desastres ambientales de la historia –41 millones de litros de petróleo derramados– en Alaska. Esta enumeración dista de ser exhaustiva, y sólo incluye casos que han llegado al conocimiento público.
 
La escala y la gravedad de los daños ocasionados por actos de codicia ciega de las grandes empresas obligan a reflexionar sobre el sinsentido de que no se les pueda imputar penalmente ni obligárseles a responder por sus actos. En un contexto global en que las corporaciones detentan un poder tan desmedido que sus decisiones, exentas de cualquier control democrático, pueden afectar y destruir la vida de millones de seres humanos, parece de obvia necesidad dotar a las sociedades de los instrumentos legales para poner un alto a la impunidad corporativa y a la estela de destrucción que deja a su paso.