12 de Julio de 2018

Editorial
La Jornada
Dolores Delgado, ministra de Justicia del gobierno español que preside Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) –conformado tras la moción de censura que puso fin a la sucesión de administraciones encabezadas por Mariano Rajoy, del derechista Partido Popular (PP)–, informó ayer que la administración pública buscará asumir la búsqueda y exhumación de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista que, a casi 80 años del fin de ese conflicto y a 40 de la instauración de la formalidad democrática, todavía se encuentran en fosas comunes.

Asimismo, la funcionaria declaró que se propondrá reformar la Ley de Memoria Histórica para anular las sentencias políticas emitidas por los tribunales de la tiranía, la creación de una comisión de la verdad y la tipificación como delito de la apología del franquismo, lo que apunta principalmente a la Fundación Nacional Francisco Franco, que realiza el elogio sistemático del difunto dictador.

En los términos actuales de la referida ley, el Estado debe subvencionar las actividades de búsqueda y exhumación realizadas por descendientes de los asesinados y desaparecidos por el régimen fascista que gobernó España entre 1939 y 1975, aunque durante el sexenio de gobiernos del PP las subvenciones fueron suspendidas, por lo que los deudos han debido trabajar con sus propios recursos. Por lo demás, la localización y recuperación de restos de las víctimas del franquismo se enfrenta con frecuencia a trabas burocráticas interpuestas por juzgados o por autoridades municipales que deniegan las autorizaciones correspondientes.

A pesar de las décadas transcurridas, los huesos de los asesinados por el bando franquista siguen siendo el símbolo por excelencia de una terrible asignatura pendiente del Estado español contemporáneo, que fue incapaz de procesar a los numerosos verdugos que aún vivían en los años 70 del siglo pasado y que no ha exhibido, hasta ahora, la voluntad política suficiente para deslindarse en forma inequívoca y radical de los innumerables crímenes de lesa humanidad perpetrados por el único de los fascismos originales que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Mientras que Francisco Franco yace en un monumento nacional diariamente adornado con flores frescas, cientos de miles de sus víctimas no han tenido ni siquiera derecho a la identificación.

Es difícil de creer que un país miembro de la Unión Europea, como España, sea el segundo país en el mundo (después de Camboya) con el mayor número de restos no recuperados de víctimas de desaparición forzada y que hasta la fecha no se haya limpiado la memoria de los asesinados por los seguidores de Franco. El caso más extremo es el del poeta Federico García Lorca, ejecutado por los fascistas a comienzos de la Guerra Civil, el 19 de agosto de 1936, y cuyos huesos aún permanecen en algún sitio de un parque de Granada, junto con los de otros tres ultimados ese día.

Cabe esperar que la iniciativa del nuevo gobierno español permita sanar de una vez por todas la herida que permanece abierta en el país ibérico y que el Estado español contemporáneo pueda saldar la ignominia y la vergüenza de haber sido edificado sobre fosas comunes.