12 de Enero de 2019

Editorial
La Jornada

Hoy el cierre parcial del gobierno de Donald Trump se convirtió en el más largo de la historia de Estados Unidos al llegar a su día 22 por la negativa del presidente a aceptar cualquier propuesta de presupuesto que no contemple al menos 5 mil 700 millones de dólares para la construcción de la barrera –originalmente, un muro de hormigón, aunque ahora, al parecer, se conformaría con una valla metálica– en la larga frontera que su país comparte con México.

El cierre, que por ahora afecta a 25 por ciento de la administración federal y es un mecanismo relativamente común en el estira y afloja entre Ejecutivo y Legislativo, ha comenzado a desatar un auténtico caos debido a su inusitada duración. Su primera y más conocida consecuencia es el cese de pagos a 800 mil empleados federales, de los cuales 380 mil fueron enviados a sus casas sin paga, mientras que 420 mil deben presentarse en sus puestos de trabajo sin cobrar por considerarse que sus labores resultan esenciales.

Entre estos últimos se encuentran los inspectores de la Administración de Seguridad del Transporte, quienes se encuentran encargados de los puestos de control ubicados en los aeropuertos. Debido al cierre, se duplicó el número de inspectores que se reportan como enfermos para no acudir al trabajo y dedicarse a labores alternativas que les permitan solventar sus gastos, lo cual ya provocó que el aeropuerto internacional de Miami cerrara una de sus terminales ante la imposibilidad de garantizar los estándares de seguridad. No puede pasarse por alto la incongruencia entre la obsesión del mandatario por asegurar la frontera terrestre mientras se vulnera de manera potencialmente catastrófica la protección de su espacio aéreo.

Otra flagrante contradicción entre el discurso de "poner a Estados Unidos primero" y los saldos del berrinche presidencial se vive en uno de los sectores que, paradójicamente, han dado a Trump su cauda de votantes más fieles: el cierre del Departamento de Agricultura supone que los granjeros no pueden acceder a las ayudas y subsidios que durante décadas han permitido al campo estadunidense competir a escala global. Para colmo, los agricultores ya se encuentran en una coyuntura delicada por las afectaciones de la guerra comercial que el magnate empezó contra China.

Quizá lo más desconcertante de todo lo que ocurre en torno a la parálisis política y económica en Estados Unidos sea la generalizada indiferencia con que los ciudadanos acogen la crisis. En efecto, mientras en otras latitudes un nivel mucho menor de daños atribuibles a la falta de voluntad o la incorrecta planeación de las autoridades causa oleadas de indignación y protesta, hasta ahora los designios de la Casa Blanca han contado con el beneficio de la pasividad social.