11 de Septiembre de 2019

Columna
Claudio Lomnitz

Es difícil saber a ciencia cierta quiénes son los destinatarios del discurso presidencial reciente en Soto la Marina, Tamaulipas, donde el Presidente denunció la violencia que impera en la zona norte del estado. En especial, AMLO mencionó que en Nuevo Laredo opera un grupo particularmente beligerante, a quien el mandatario hizo un llamado de que “ya le bajaran”.

O sea que el “estate quieto” presidencial pareciera estar dirigido muy particularmente al crimen organizado de Nuevo Laredo. Como el crimen organizado de todo el país suele ocupar a los medios y a las redes sociales, se entiende que estará también atento a los medios y, por tanto, al discurso del Presidente, cosa que difícilmente estaría garantizado si se tratara de un ladrón común.

Las críticas que han proliferado contra estas declaraciones del Presidente las presenta como si AMLO estuviera apelando inocentemente a la conciencia del crimen organizado; sin embargo, creo que el llamado del Presidente de la República debe haber sido interpretado por los capos del crimen organizado más bien como una amenaza. “Ya bájenle” por las buenas, o terminará por haber una campaña militar. Una amenaza así será tomada en serio, y producirá efectos, porque las fuerzas armadas han demostrado repetidamente que tienen la capacidad de desbaratar cualquier organización criminal.

Lo que no han podido hacer es regular la vida social y económica de los territorios dominados por las organizaciones criminales. El Ejército puede acabar con el cártel tal o cual. Pero no ha podido nunca sustituir ni erradicar al crimen organizado.

No es casualidad que las organizaciones criminales suelan interpretar las intervenciones de las fuerzas armadas como saña del gobierno contra una organización, pero siempre también a favor de alguna otra. No son campañas del Estado contra el crimen, porque el Estado ha sido incapaz de sustituir al crimen. Por eso, cuando las fuerzas armadas la emprendieron contra Los Zetas se decía que el gobierno apoyaba a los de Sinaloa. Cuando acometieron contra Los rojos, esto se interpretaba como un patrocinio a Guerreros unidos. Y cuando la agarraron contra Los caballeros templarios, aquello se entendía como una alianza con el cártel Jalisco nueva generación.

Dada esta lógica, se puede prever que el llamado presidencial a disminuir violencia en Nuevo Laredo tendrá, efectivamente, consecuencias. Las declaraciones recientes de AMLO no serán escuchadas por el crimen organizado como si fueran la homilía de un predicador. Serán entendidas, en vez, como una amenaza, que será tomada en cuenta estratégicamente.

El resultado será poco predecible. Si Nuevo Laredo está muy sólidamente controlado por una sola organización criminal, quizá esa organización quiera hacerle caso al Presidente, para de esa forma poder acordar alguna fórmula de convivencia con las fuerzas armadas. Permitirán, entonces, que las gasolineras le despachen a la Guardia Nacional. Reducirán el escándalo de la violencia. Pero lo harán a cambio de que “los dejen trabajar”, como ha sucedido dondequiera. (Recordemos que el Ejército y la Marina han tenido por años cuarteles en cada una de las regiones históricas del narcotráfico).

Por otra parte, sería también posible que la competencia entre organizaciones criminales llevara a que las declaraciones del Presidente fueran transformadas en una oportunidad de una para sustituir a la otra. Una situación tomaría la declaración presidencial como una incitación a aumentar la violencia, en lugar de reducirla, para con ella lograr que las fuerzas armadas persigan al cártel hasta ahora dominante, y ganar así el control de la plaza (con la ayuda del Ejército).

Y es que las fuerzas armadas tienen la capacidad de desbaratar a cualquier organización criminal, pero no han sido capaces de instaurar un orden regulatorio para las economías locales. Así, es previsible que las fuerzas armadas no podrán regular la economía de los flujos migratorios “ilegales” en Nuevo Laredo. Pero los migrantes ahí están, y habrá quiénes se dediquen a explotarlos, a moverlos, o incluso a eliminarlos. Las fuerzas armadas tampoco podrán regular la economía de la droga, ni la de las armas, ni la del comercio informal… Vaya, hasta ahora ni siquiera han conseguido garantizar la regulación de los servicios públicos del propio estado. Desde hace años que en Tamaulipas la gente puede contratar su servicio de luz o bien pagándole al gobierno o bien a “la maña”, y pueden comprar gasolina en las gasolineras de Pemex, o en expendios mafiosos, etcétera.

Una hipótesis provisional sería, entonces, que las declaraciones del Presidente podrían disminuir la violencia en el norte de Tamaulipas si y sólo si se trata de una región dominada eficazmente por una sola organización criminal, y si y sólo si, esa reducción de la violencia forma parte de un entendimiento de coexistencia entre el Estado federal y el crimen organizado. Si, al contrario, resultara que Nuevo Laredo es un territorio en disputa, es previsible que las declaraciones presidenciales fomenten una política del asesinato entre organizaciones. Y si el gobierno pretende lograr desplazar el trabajo regulatorio del crimen organizado, necesitará alguna estrategia que no recaiga principalmente en las fuerzas armadas.