11 de Julio de 2018

Editorial
La Jornada

La subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Patricia Martínez, declaró ayer que el gobierno federal está rebasado por la presencia de niños migrantes no acompañados y carece de medios para dar alojamiento a la gran mayoría de ellos en los albergues de los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Según la funcionaria, de los 2 mil 900 menores que es necesario atender mensualmente, sólo 10 por ciento lograser alojado. Asimismo, señaló que sigue creciendo la cantidad de menores de 18 años en tránsito por el territorio mexicano.

En números recientes de la Unidad de Política Migratoria de la SG, entre enero y mayo de este año 6 mil 772 menores fueron presentados ante la autoridad migratoria, 4 mil 372 de los cuales viajaban hacia el norte sin la compañía de familiares adultos.

Por otra parte, Martínez formuló un señalamiento que debe ser precisado: aunque por un lado sostuvo que, a diferencia de Estados Unidos, en México no se separa a los pequeños de sus familias, por el otro afirmó que los protegemos instalándolos en diversas áreas porque un pequeño no puede estar conviviendo en estaciones migratorias con adultos, lo que sugiere que sí se les pone aparte de sus familiares.

Más allá de esa ambigüedad, resulta sorprendente, por decir lo menos, que el gobierno mexicano se confiese incompetente, por vía de la funcionaria, para hacer frente de manera adecuada a la presencia de 3 mil menores que transitan sin parientes por nuestro territorio cada mes: desde cualquier perspectiva, el alojamiento, la alimentación y el cuidado médico temporales de esa cantidad de niños no debiera verse como tareas imposible de cumplir por parte del Estado.

Si bien es cierto que estos niños y jóvenes han de sumarse a los menores locales que por muchas razones (orfandad, violencia familiar, abandono, por ejemplo) deben ser albergados por diversas instancias públicas, el DIF en primer lugar, eso no justifica semejante declaratoria de incapacidad por parte de las autoridades. La infraestructura, el personal y los presupuestos requeridos para una labor humanitaria de proporciones tan modestas podrían encontrarse, si hubiera voluntad política, en el trabajo coordinado de varias dependencias y de distintos niveles de gobierno.

En cambio, la falta de medidas para hacer frente a la situación es indicativa de un desinterés injustificable ante las circunstancias infortunadas y hasta trágicas de los menores que se ven obligados a dejar sus lugares de origen –por hambre, para intentar reunirse con sus familias, para escapar de distintas clases de violencia– y viajar en las condiciones más adversas.

Si México pretende ostentar autoridad moral para condenar los atropellos abominables que el gobierno estadunidense comete en contra de los menores indocumentados, debe primero cumplir a cabalidad con deberes legales y éticos fundamentales, hacer los esfuerzos necesarios para dar a esos niños un trato digno y humanitario, además de encontrar una manera de mantener a los menores en situación de tránsito unidos a sus familiares.