10 de Octubre de 2018

Astillero
Julio Hernández López

El emplazamiento de los grandes capitales es concreto, público e insistente: cancelar la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco les resultaría decepcionante e inhibitorio de posteriores inversiones. De ese estado de ánimo adverso sólo habría un paso a descomposturas financieras varias, entre ellas las relacionadas con la paridad cambiaria y la permanencia en México de capitales especulativos.

Este factor empresarial condicionante busca tener más peso en la consulta pública que durante cuatro días se instalará en medio millar de municipios para tomar una decisión sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (en construcción en el lago de Texcoco). De hecho, ese factor del gran capital pretende marcar desde ahora el destino de su relación con el obradorismo, ya en vías de tomar el poder presidencial: la confianza y colaboracióndependerá de la manera como se resuelva este virtual duelo de fuerzas.

Es político, mediático y propagandístico el empuje (casi chantajista) para que se mantenga el gran negocio de Texcoco (que no se plasma sólo en la construcción del aeropuerto sino en el acaparado desarrollo urbano aledaño). Las principales casas encuestadoras del país aseguran que el apoyo social a la continuidad del magno proyecto peñista es de dos a uno respecto a las voces opositoras.

Sin embargo, son varias, válidas y activas las razones para oponerse a la construcción y el negocio con sede en Texcoco. Además de los históricos opositores a ese proyecto (los habitantes organizados de San Salvador Atenco y sus alrededores), hay especialistas y organizaciones civiles que han expresado su rechazo a la agresión al medio ambiente y a los cálculos técnicos de esa obra. En la propia base del partido Morena, y en el ala izquierda de su cúpula, incluyendo a futuros secretarios y subsecretarios del gabinete obradorista, hay una oposición contundente. El flanco más activo en contra del NAIM texcocano no tiene visos de arredrarse ante los resultados de una consulta pública que apruebe la continuidad del proyecto impugnado.

El debate entre lo ecológico, lo técnico, lo político y lo empresarial tiene ahora un ingrediente prefigurado desde aquel desayuno de ingenieros con López Obrador en el que hubo elogios y aplausos para el magnate Carlos Slim. Si este y un grupo de inversionistas decidieran encargarse con su dinero de darle continuidad al proyecto, éste podría quedarse en Texcoco. Si el multimillonario apovechara las posibilidades de hacerse de una oportunidad del estilo de la que recibió con Telmex, recibiría alguna forma de concesión del negocio aeroportuario y haría innecesaria una consulta pública sobre un asunto transferido ahora al ámbito cuasi privado.

Se ha presentado en el Senado una iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo que obligaría a las organizaciones sindicales a abrirse a procesos democráticos. No es solamente un cambio de la letra legal (aunque esta modificación es necesaria) sino un proceso de sacudimiento de estructuras de control político y profunda corrupción que durante décadas han subsistido y han hecho subsistir al modelo político priísta en crisis de apariencias terminales.

Los procedimientos democráticos pondrán en jaque dirigencias tan impugnadas e inaceptables como la de Carlos Romero Deschamps, uno de los ejemplos más reprobables de corrupción y abuso. Entre otras medidas, el obradorismo está decidido a frenar la transferencia convenenciera de dinero público a la élite de ese sindicato y el libre aprovechamiento de fondos, edificios y propiedades sindicales.

Pero, en el caso de los petroleros, como en el de los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la postura oficial será de respeto a las decisiones, libremente expresadas, de esas bases laborales. Si, a pesar de todo, Romero Deschamps triunfara en un proceso democrático (o Elba Esther Gordillo en el SNTE), el nuevo gobierno aceptaría esos resultados.

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