10 de Agosto de 2018

Editorial
La Jornada
Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Suprema Corte de la Nación y designada como secretaria de Gobernación de la próxima administración federal, afirmó ayer que emprenderá las acciones necesarias para revertir la maniobra realizada la víspera por el gobierno y el Congreso de Sonora por medio de la cual se privó de varias facultades al segundo, ante la inminente conformación en él de una mayoría opositora a la gobernadora Claudia Pavlovich.

En efecto, el miércoles pasado la mayoría saliente –priísta como la titular del Ejecutivo local– y sus aliados de Acción Nacional y Nueva Alianza, aprobaron en una sesión extraordinaria reformas a la Constitución del estado que facultarían al gobierno local a hacer observaciones al presupuesto y condicionarían la aprobación de cualquier iniciativa a que sea aprobada por una mayoría calificada (dos tercios) de los legisladores y no, como estaba establecido, por mayoría absoluta (50 por ciento más uno).

Esta reforma tiene el claro propósito de maniatar al Poder Legislativo local y, en materia presupuestal, de dotar al Ejecutivo de instrumentos para obstaculizar las decisiones de la Cámara, justo antes de que el gobierno de Pavlovich pierda el respaldo que le ha significado la conformación de la legislatura saliente. Se trata, a todas luces, de una operación contraria al espíritu republicano, una alteración a modo de la legislación estatal y un intento por distorsionar el sentido de la votación popular que, en los comicios del pasado primero de julio, decidió ponerle a la administración local un contrapeso opositor en el Congreso.

Más allá de lo impresentable de la maniobra, Sánchez Cordero señaló que carece de bases legales, por cuanto el Congreso local está legislando sobre materias que están fuera de su competencia y contradicen diversos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como disposiciones expresas de la Constitución federal.

En días pasados el también priísta Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, realizó una maniobra semejante, al enviar al Legislativo de su estado una iniciativa para sacar al Ejecutivo de la tutela parlamentaria en materia de refinanciamiento de la deuda y modificar 47 de los 214 artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para mutilar las facultades de éste. Al igual que en Sonora, la próxima legislatura hidalguense tendrá una mayoría de diputados locales de Morena.

En ambos casos es patente el empecinamiento de los gobernadores por mantener un poder sin contrapesos y contrario al sentido de los resultados de los comicios del mes pasado. Se trata, en ambos casos, de medidas absurdas y poco responsables, por cuanto pueden generar conflictos políticos y crisis de gobernabilidad, y denotan falta de madurez democrática por parte de los mandatarios estatales y de las coaliciones partidarias que los respaldan.

Cabe esperar que las autoridades estatales depongan semejantes actitudes y sean capaces de comprender la magnitud de la transformación política nacional y local que lleva implícito el mandato popular del primero de julio.