10 de Agosto de 2018

Vianka R. Santana
En el año de 2003 y en calidad de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador -hoy presidente electo de México-, impulsó una Ley de Fomento Cultural en un ejercicio legislativo sin precedentes que sirvió de marco jurídico e inspiración para la configuración de leyes y reglamentaciones en materia de cultura para otras latitudes de la república. 

Hoy en día entre los estados que cuentan con una Ley de Cultura se cuentan: Ciudad de México,  Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Zacatecas, mientras que el resto de las entidades cuenta con Leyes y Reglamentos que de manera específica abordan temas relevantes como el patrimonio material e inmaterial, la producción artística, los pueblos originarios, las lenguas maternas, y otras entidades cuentan solamente con reglamentos que ordenan las atribuciones y responsabilidades de los Institutos, las Casas de Cultura, o definen a términos generales la responsabilidad del Estado de implementar políticas públicas en materia de fomento al arte y la cultura.

Baja California no ha sido la excepción, y sabemos que a la fecha sólo hay 6 leyes vigentes vinculadas a la cultura, pero ninguna que de manera amplia y general refiera los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El pasado martes 7 de agosto se llevó a cabo el acto protocolario de arranque de los trabajos para la elaboración de una Ley de Cultura y Derechos Culturales en Baja California, cabe destacar que a esta iniciativa le antecede en 2010 un ejercicio ciudadano replicado en todos los municipios a través del Instituto de Cultura de Baja California, que si bien no concluyó en una Iniciativa, se guarda la memoria en una publicación que da testimonio de las aportaciones de innumerables colectivos, así como de creadores y académicos.  La respuesta de la comunidad fue importante, se dieron cita académicos, promotores, artistas, y demás miembros de la denominada comunidad cultural. Después de las participaciones de los integrantes del presídium así como de los asistentes ahí reunidos que hablaron de la necesaria incorporación de temas diversos como: la exención de impuestos municipales y estatales, los reglamentos que se aplican a instituciones y promotores para la realización de eventos artísticos y culturales, la necesidad de considerar programas de cobertura médica, acceso a programas de vivienda, estímulos económicos para la producción artística y la implementación de programas culturales y comunitarios, o incluso la petición de nueva infraestructura cultural, quedó una gran interrogante que invita a reflexión: Derechos Culturales, ¿para quién?.

Más allá de la urgencia de generar una taxonomía que nos permita unificar criterios con respecto a conceptos tales como: producción artística, programa cultural, acceso, participación, cobertura, garantía, derecho individual, bienes y servicios culturales, democratización de los procesos culturales, cultura, arte, comunidad, estímulo fiscal, mecenazgo, corresponsabilidad fiscal y un largo etc. Lo que si pareció contar con el consenso general, es la idea que se tiene de ¨comunidad cultural¨ así como de ¨trabajadores del arte y la cultura¨…

Sin embargo,  un estricto ejercicio de análisis nos llevaría a pensar y definir de nueva cuenta tales conceptos, dado que el término ¨comunidad cultural¨ no hace referencia exclusiva a un sector de la sociedad ocupado en la producción de bienes y servicios culturales, o en el fomento y replicación de expresiones artísticas y propias de la cultura. Por el contrario, habría que establecer con claridad que la ¨comunidad cultural¨ es prácticamente la comunidad entera, dado que la cultura es el gran continente de nuestras interacciones sociales y por lo tanto, todos, absolutamente todos, pertenecemos en el sentido más profundo a una comunidad cultural. 

Esto resulta de especial relevancia, dado que de no definirse ampliamente y de manera exhaustiva estos términos, podría caerse en la idea de que la ¨comunidad cultural¨ es exclusivamente un sector y en consecuencia una Ley de Cultura y Derechos Culturales se vería como una suerte de panacea que vendría a resolver, satisfacer y asistir, la problemática varia de un sector que al final del día es de alguna forma, una minoría.

Las Leyes deben ser plurales y no podemos hablar de derechos humanos y derechos culturales, y alejarnos al mismo tiempo del concepto de dignidad humana, de la condición obligada de igualdad, de la equidad de género, de la inclusión y de la no discriminación en ninguna de sus variables culturales (etnia, procedencia, condición, género, etc). Desde esta lógica, los derechos culturales son en consecuencia universales, interdependientes e indivisibles, y por tanto su cobertura cabal debe llegar a todos y cada uno de los sectores y actores sociales, sin preferencia ni distinción. En otras palabras, cuando hablamos de la cobertura social como derecho cultural, no solamente nos referimos a la necesaria atención de artistas, creadores y promotores culturales, nos debemos referir a todos y cada uno de los hombres y mujeres, migrantes u originarios, que tienen el mismo derecho al goce pleno de sus garantías.

Una Ley de Cultura debe ser un gran marco que dé cuenta de la pertinencia de asegurar la cobertura de las garantías culturales, crear mecanismos, reglamentos y condiciones para que la cultura como derecho llegue a todos los mexicanos (as), para que el acceso sea además un vehículo de participación ciudadana y un elemento fundamental de la gobernanza, y para que los recursos y estímulos para la creación, lleguen lo mismo a los artistas, los creadores, que a los artesanos o la sociedad civil organizada para trabajar a favor de la comunidad.

En este orden de ideas, los derechos culturales son garantías lo mismo de los niños, niñas y adolescentes, de los adultos mayores, de los jóvenes, como de todos los hombres y mujeres más allá de cualquiera que  sea su desempeño laboral, su definición, su origen, o su formación profesional. Si bien existe un importante apartado que habla de la creatividad y el derecho de los artistas y creadores, la Ley de Cultura para Baja California en su propósito más genuinamente democrático, deberá responder a la necesidad de toda la población sin excepción, y asegurar los mecanismos legales y jurídicos que permitan en lo particular, accionar nuevas leyes y nuevas adecuaciones a las normativas vigentes, para el arte y la cultura lleguen a todos.

La pregunta en el aire es: ¿seremos capaces desde nuestra condición de artistas, creadores o gestores, mirar más allá de nuestro espejo y aceptar que la comunidad cultural es mucho más amplia?, ¿seremos capaces de aceptar que más allá del talento, las capacidades creativas y las competencias intelectuales, somos seres humanos en condición de igualdad, y que ante la ley no somos ni más, ni mejores que nadie?, ¿seremos capaces de salir de nuestros cómodos nichos y dejar de señalar con el dedo del solipsismo el trabajo de los demás con tanta autosuficiencia, desdén, y autocomplacencia?, ¿seremos capaces de sentarnos a construir de manera democrática, más allá de nuestros naturales disentimientos, los marcos conceptuales que permitan sanear nuestras instituciones y generar nuevas formas de construcción de ciudadanía?

Las preguntas pueden ser infinitas, lo importante es que está dado el primer paso, y que la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la XXII Legislatura de Baja California, se ha propuesto un ejercicio ciudadano y un alto objetivo: crear condiciones para que a nadie se le niegue su derecho a gozar y participar de la vida cultural, y de sus derechos culturales.