09 de Febrero de 2019

Editorial
La Jornada

Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció el conflicto de interés existente en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en torno al análisis en curso para autorizar la fusión de las gigantes del entretenimiento Twenty-First Century Fox y The Walt Disney Company, toda vez que un ex funcionario del organismo regulador es hoy el encargado de una de las partes para gestionar la adquisición que reforzaría la posición, ya intensamente dominante, de Disney en distintos segmentos del mercado.

La preocupación del mandatario se concentró en el monopolio que tal fusión crearía en un sector especialmente sensible para los telespectadores mexicanos: las trasmisiones de partidos de futbol mediante canales de paga. En efecto, de concretarse la operación en los términos autorizados por el otro órgano regulador competente, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), 73.4 por ciento de las señales deportivas restringidas serían propiedad de Disney-Fox, control que sube a 79.2 por ciento en el caso de los paquetes de televisión de paga de menor costo, a los que se encuentran suscritos los consumidores de poder adquisitivo más bajo.

Además de afectar a los consumidores por la capacidad de la compañía para fijar los costos de sus señales a su antojo en ausencia de cualquier competencia real, la concentración de poder en un solo operador reduciría significativamente las opciones y la capacidad de negociación de los equipos de futbol, que tienen en los acuerdos de trasmisión de sus juegos una de sus principales fuentes de ingresos. El tercer afectado sería Televisa, empresa que a través de múltiples adquisiciones se hizo con el virtual monopolio de los proveedores de televisión de paga y cuyo copresidente ejecutivo forma parte del consejo asesor empresarial del Presidente de la República: con la fusión Disney-Fox, la televisora vería seriamente mermadas sus aptitudes para fijar precios a los propietarios de las señales.

Así las cosas, resulta inexplicable que la Cofece dictaminara por unanimidad que la fusión de Disney y Fox tendría "pocas probabilidades de afectar el proceso de competencia económica y libre concurrencia en los mercados analizados"; es decir, distribución de películas para su exhibición en salas de cine, licenciamiento de contenidos audiovisuales para entretenimiento en el hogar y licenciamiento de música para entretenimiento en el hogar, entre otros. La decisión de los comisionados antimonopolios resulta incluso más chocante si se considera que hace apenas una semana su presidenta, Alejandra Palacios, urgió a la Comisión Reguladora de Energía para que ejerza sus facultades de crear una competencia equitativa mediante el control de Petróleos Mexicanos, actor preponderante al que calificó de "animal enorme".

Cabe esperar que la decisión final del IFT enmiende el aberrante dictamen de la Cofece, establezca prevenciones, cuando menos, equivalentes a las que otros países han dispuesto para dar su aprobación a la megafusión corporativa, y contribuya a disipar la creciente percepción de que los organismos reguladores creados durante las administraciones federales anteriores se mueven entre dobles raseros, conflictos de interés y resoluciones impresentables.