méxico | 23 de Abril de 2019

Desde que el Estado mexicano instauró la guerra contra el narcotráfico el Ejército cambió su comportamiento. Foto Luis Castillo

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Emir Olivares Alonso / La Jornada
Ginebra, 23 de abril.- La tortura ha sido una práctica recurrente en México. Sin embargo, desde que se emprendió la militarización de la seguridad pública el número de casos en que participan elementos de las fuerzas armadas se ha incrementado, por lo que en términos porcentuales los militares son quienes más incurren en estas graves violaciones a los derechos humanos.

Así lo exponen más de 120 organismos de la sociedad civil mexicana en el Informe Sombra que presentarán mañana en el contexto del 66 periodo de sesiones del Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas, que se realizará en esta ciudad, donde se evaluará al Estado mexicano entre el 24 y el 26 de abril.

La última vez que compareció México ante esta instancia fue en 2012. La evaluación de esta semana, consideraron integrantes de las ONG, quienes estarán presentes en las sesiones, “es fundamental, ya que se examinará todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, y al mismo tiempo los compromisos o la falta de ellos respecto del tema por el gobierno de López Obrador”.

En el reporte se documenta que a partir de que el Estado mexicano declaró la guerra contra el narcotráfico “la autoridad que más cambió su comportamiento –recurriendo a la tortura–como producto de la guerra, es el Ejército”.

Apunta que de las 204 recomendaciones emitidas entre 2006 y 2017 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves, específicamente tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, en 68.7 por ciento se identifica a las fuerzas armadas como autoridad responsable.

De esas recomendaciones, 148 documentan actos de tortura, con un total de 527 víctimas. “Estos crímenes en su mayoría fueron cometidos por las fuerzas armadas, que son señaladas como principales responsables en 111 recomendaciones; es decir, 75 por ciento de los 148 casos, y acumulan 389 víctimas”.

De los 527 detenidos que fueron sometidos a tortura, 252 la sufrieron en el interior de instalaciones militares (cuarteles, bases o campamentos), es decir, 47.8 por ciento.

A partir de datos oficiales, la organización World Justice Project mostró que la probabilidad de ser víctimas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes “aumenta si la persona es detenida por las fuerzas armadas”.

De acuerdo con un análisis de esta organización, 88 por ciento de los aprehendidos por la Marina reportaron haber sufrido tortura o maltratos; el porcentaje es de 86 en el caso de los detenidos por el Ejército; de 81 en el de la Policía Federal; en 75 de las ejecutadas por policías estatales; en 72 de la ministerial o judicial, y en 69 por ciento de las detenciones hechas por policías municipales se dio esa práctica violatoria de derechos humanos.

Otros datos que las ONG aportarán ante el CAT muestran que la tortura es una práctica generalizada en México, como lo documentó el propio relator de la ONU para este tema, Juan Méndez –tras su visita oficial al país en 2014–, y son que este delito se practica en equipo. En una revisión de 79 casos, 78 de las víctimas fueron torturadas por grupos de militares; en todos hubo “actos de brutalidad desproporcionada”, en 39 se dio algún tipo de asfixia, en 29 se usaron descargas eléctricas y en nueve hubo violencia sexual.