Baja California | 10 de Julio de 2019

Debe quedar claro es que el gobierno de Baja California no va a convalidar esta reforma, dijo el funcionario. Foto Luis Arellano Sarmiento

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Luis Arellano Sarmiento

Mexicali, 10 de julio.- Aun cuando puede haber consecuencias jurídicas, el gobierno del estado no publicará la reforma que amplía de dos a cinco años el periodo de la próxima gubernatura, reiteró el secretario general de gobierno, Francisco Rueda Gómez.

El funcionario reconoció que existe un precepto constitucional que posibilita al presidente del Poder Legislativo, para que ordene publicaciones en el Periódico Oficial del Estado, en caso de omisión por parte del Poder Ejecutivo.

En el 2011, una reforma al artículo 34 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, estableció plazos para que el Ejecutivo observara, sancionara y en su caso promulgara las leyes o decretos remitidos del Poder Legislativo.

Desde la publicación de esa reforma constitucional, hasta la fecha, el Poder Legislativo nunca ha ordenado la publicación de algún documento.

La aprobación hecha recientemente por los legisladores vulnera el estado de derecho y la voluntad popular, refirió el titular de la Secretaría General de Gobierno.

“Si el Congreso quiere hacer uso de sus facultades que la confiere la ley, es bajo su responsabilidad, lo que debe quedar claro es que el gobierno de Baja California no va a convalidar esta reforma que aprobó el Congreso, porque consideramos que está fuera de la ley y fuera de la validación de la voluntad popular”, expuso el secretario.

A sabiendas que los Ayuntamientos de Tecate, Ensenada y Playas de Rosarito, ya habían aprobado la reforma al artículo octavo transitorio, el procedimiento siguiente para una reforma a la Constitución es que el mismo Congreso declare la validez en una sesión plenaria, expuso el ex diputado local.

Después de que el Congreso del Estado entregue el documento al Poder Ejecutivo, hay un plazo de 15 días para publicarla, pero “si no fuera de esa manera, el Congreso puede hacer uso de sus facultades, pero eso corresponde al propio Congreso, y será el Congreso mismo el que asuma una responsabilidad que no estamos dispuestos a compartir ni a convalidar”, explicó Rueda Gómez.

“Estamos dispuestos a enfrentar y defender la situación jurídica que pudiera presentarse por la negación a promulgar la reforma, abundó el secretario, quien dijo que los empleados tienen la instrucción de no acatar alguna eventual orden del Poder Legislativo”.

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