mundo | 22 de Mayo de 2018

En la evaluación de impacto social persisten ausencias e incongruencias normativas que dificultan la elaboración del estudio, dejando al arbitrio de los promotores su integración y contenido. Foto La Jornada

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María de Lourdes Bello / La Jornada

El 20 de diciembre de 2013 se modificaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la llamada “reforma energética”, a través de la cual el Ejecutivo federal pretendía contar con un mayor abasto de energéticos a mejores precios, e impulsar el desarrollo con responsabilidad social y protegiendo al medio ambiente, lo que desde su perspectiva se traduciría en una baja en las tarifas de la energía eléctrica, en el precio del gas y en el de los alimentos, así como en la creación de cerca de medio millón de empleos adicionales en el sexenio.

En abril de 2014, el Ejecutivo envió al Congreso de la Unión las iniciativas de leyes secundarias: en total veintiuna, nueve de nueva creación y la modificación de 12 existentes.

Entre las de nueva creación, surgieron en agosto de 2014 la Ley de Hidrocarburos y la de la Industria Eléctrica, ordenamientos rectores que por vez primera incorporaron al marco jurídico interno la figura de la evaluación de impacto social. Se estableció como una obligación de la Secretaría de Energía (Sener) de emitir los resolutivos y recomendaciones correspondientes y llevar a cabo los procedimientos de consulta previa, libre e informada, con el objeto de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en los que se desarrollen proyectos de esta naturaleza.

Ambos ordenamientos prevén que la Sener debe informar a los asignatarios o contratistas, así como a los interesados en la ejecución de proyectos de infraestructura en la industria eléctrica, sobre la presencia de grupos sociales en situación de vulnerabilidad en los sitios de su desarrollo a fin de que implementen acciones para salvaguardar sus derechos.

En particular, para el sector hidrocarburos, previo otorgamiento de la asignación o publicación de una convocatoria para la licitación de un contrato para la exploración y extracción. La Sener, en coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob), debe realizar un estudio de impacto social respecto del área objeto de la asignación o el contrato, que deberá poner a disposición del asignatario y de los participantes en los procesos de licitación de los contratos para la exploración y extracción.

Por otra parte, a fin de complementar en el rubro ambiental a la Reforma Energética, en agosto de 2014 se creó la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA). Se trata de un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y tiene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos mediante la regulación y supervisión de la seguridad industrial y seguridad operativa, el desmantelamiento y abandono de instalaciones y el control integral de los residuos y emisiones de contaminantes.

En el rubro social, con las modificaciones al Reglamento Interior de la Sener se creó la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial (DGISOS), unidad administrativa dependiente de la oficina del secretario de Energía, encargada de recibir y valorar las evaluaciones de impacto social, así como de representar a dicha secretaría en los procedimientos de consulta previa.

No obstante, a casi tres años y medio de su creación, tanto la ASEA como la DGISOS han carecido de los recursos materiales y humanos necesarios que les permitan atender con oportunidad y eficacia los cientos de trámites que reciben, generando cuellos de botella que no benefician ni a promotores ni al medio ambiente. Y mucho menos a las comunidades en el área de influencia de los proyectos.

En la evaluación de impacto social persisten ausencias e incongruencias normativas que dificultan la elaboración del estudio, dejando al arbitrio de los promotores su integración y contenido, lo que impide efectivamente determinar y verificar los impactos reales de un proyecto, ya sean positivos o negativos, proponer las medidas de prevención, mitigación o ampliación adecuadas y los planes de gestión apropiados acompañados de sus respectivas medidas de ejecución y monitoreo constantes. Estos problemas se acentúan ante la carencia de suficiente personal por parte de la autoridad para revisar las evaluaciones y verificar la ejecución de las medidas y el plan de gestión social propuesto.

La reforma energética, lejos de impulsar el desarrollo con responsabilidad social y proteger el medio ambiente, se ha convertido en un doble discurso en el que desde la demagogia adecuadamente estructurada pretendió generar un crecimiento económico a partir del respeto a los derechos humanos y la protección al medio ambiente. Mas en la práctica careció de la adecuada previsión para evaluar a priori los impactos sociales que la reforma traería en su ejecución práctica.

Una reforma de tal magnitud merecía previamente evaluar el impacto social que generaría (especialmente en el sector hidrocarburos) el modificar, por ejemplo, el esquema con que venía operando Petróleos Mexicanos (Pemex), que hasta entonces había empleado a un gran número de personas en estados como Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas; así como el impacto social que la llegada de nuevas empresas generaría en estas zonas.

En 2014, a inicios de la reforma, se comenzó a observar desempleo en esas entidades federativas, sin que se advirtieran medidas específicas para aliviar sus efectos negativos entre la población.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el cuarto trimestre de 2017 las tazas de desocupación más altas fueron: Tabasco (6.9 por ciento), Tamaulipas (4 por ciento), y Veracruz (3.9 por ciento). Asimismo, de conformidad con los indicadores de ocupación y empleo al cuarto trimestre de 2017 del Inegi, se reporta para la industria extractiva y de la electricidad que la población ocupada fue de 3.03 por ciento, observándose con ello una disminución del 0.67 por ciento en dicho sector.

Esto coincide con una disminución en la producción en el sector hidrocarburos. El Inegi reporta a inicios de la reforma energética una producción de 2 mil 506 barriles por día de petróleo crudo y, en enero de 2018, solo mil 929. La información obtenida en campo en localidades de esos estados corrobora los efectos sociales negativos de la reforma.

Autoridades y pobladores de diversas comunidades pesqueras, refieren que desde la entrada en vigor de la reforma energética, cientos de personas que laboraban en Pemex y empresas que le brindaban servicios fueron despedidos; por eso han tenido que retornar a la ocupación que previamente desarrollaban en el sector pesquero, el cual se encuentra gravemente presionado por el agotamiento de recursos por sobreexplotación.

En octubre de 2016, las secretarías de Marina, Comunicaciones y Transportes, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, abrogaron el Acuerdo Intersecretarial 117, del área de exclusión a la pesca en la sonda de Campeche, área dedicada a la exploración y producción petrolera.

Mediante la abrogación referida, el gobierno mexicano pretendía, demagógicamente, incentivar el aprovechamiento integral y sustentable de la actividad pesquera en las inmediaciones de las instalaciones petroleras de la sonda de Campeche, como una “ventaja más” derivada de la reforma energética. No obstante, la percepción de la comunidad pesquera de esta región apunta a la carencia de beneficio alguno, ante la imposibilidad de obtener nuevos permisos de pesca en la zona y a que áreas de pesca importantes continúan sujetas a prohibiciones por razones de seguridad. Todo ello se agrava por la constante contaminación de sus sitios de pesca con lodos pesados provenientes de la extracción.

Ante este escenario, la apertura de esta superficie a la pesca (10 mil m2), con la que se pretendía generar 12 mil empleos, particularmente para pequeños productores de la región, pareciera solo un discurso que al momento no ha generado los beneficios pretendidos.

A la fecha ninguna empresa diferente a Pemex ha tenido contacto alguno con sus ex trabajadores y lamentan la pérdida de beneficios que durante mucho tiempo obtuvieron de ella. Lo que contrasta con el hecho de que por lo menos desde el año 2015 a la fecha se han sometido ante la Sener diversas evaluaciones de impacto social relacionadas con proyectos en estas zonas. Y derivado de estas, deberían ejecutarse diversas medidas de mitigación y aplicación de impactos asociados con estos actores de interés. Tal parece que estas evaluaciones solo constituyen un mero requisito para que las empresas puedan operar, sin que en efecto las medidas previstas en estas y las recomendaciones emitidas por Sener se ejecuten de manera efectiva en las comunidades involucradas.

Asimismo, los pobladores perciben un aumento de la inseguridad y violencia asociados a robos e incluso piratería en alta mar. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi de 2016, para el caso de Campeche refleja que el 49.9 por ciento de la población de dieciocho años y más consideraba a la inseguridad como el problema más importante que aqueja a ese estado; mientras que para Tabasco el porcentaje ascendió a 61.9 por ciento.

La mayoría de las personas entrevistadas percibe a la reforma energética como negativa y al futuro como desesperanzador. Las autoridades locales se declaran rebasadas y carentes de recursos para impulsar el crecimiento económico de una región que durante muchos años dependió del sector petrolero.

María de Lourdes Bello
Vera & Asociados
Correo-e: lbello@valegal.com.mx

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