méxico | 24 de Julio de 2019

En días pasados fue la Policía Federal. Foto La Jornada

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Emir Olivares Alonso / La Jornada

Ciudad de México, 24 de julio.- Organizaciones civiles y la Universidad Iberoamericana (UIA) reprobaron “el acoso y hostigamiento” de elementos de la Guardia Nacional contra los albergues para personas migrantes.

Así se posicionaron, organizaciones de defensa de los derechos humanos, nacionales e internacionales, y el Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) de la UIA Ciudad de México-Tijuana.

Censuraron la criminalización de los defensores de los derechos de extranjeros en condición “irregular” y demandaron un alto a las acciones que obstaculizan las labores de la Casa del Migrante de Saltillo.

Todas las organizaciones firmantes impulsan la campaña #DefensoresSinMuros. Lamentaron que ayer elementos militares y policías municipales de Saltillo hayan irrumpido frente al albergue Casa del Migrante para pedir documentación a quienes entraban y salían.

El documento es suscrito por La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) –conformada por más de 87 agrupaciones del país—, el Front Line Defenders, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el PRAMI.

Demandaron “el cese inmediato de todo acto intimidatorio en contra de este albergue humanitario que desde 2001 brinda atención integral y acompañamiento en derechos humanos a las personas migrantes y refugiadas”.

Recordaron que, sumado a las acciones en el exterior de la Casa del Migrante hechas ayer por militares y policías, el 20 de julio elementos de la Policía Federal pretendieron realizar una revisión migratoria en el interior del mismo.

Agregaron que la Casa del Migrante de Saltillo cuenta con medidas cautelares de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con medidas de protección del Mecanismo de Protección a personas defensoras y periodistas de la Secretaría de Gobernación.

“Las múltiples agresiones y actos de hostigamiento que enfrenta la Casa del Migrante de Saltillo –señalaron– no son hechos aislados, por el contrario, estos responden a un contexto cada vez más adverso para la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y sujetas de protección internacional”.

Agregaron que “en los últimos dos meses otros albergues en diversos puntos del país han denunciado que fuerzas policiales y militares han tratado de ingresar a sus instalaciones, bajo el pretexto de buscar a víctimas del delito o a personas migrantes en condición irregular”.

Otros espacios dedicados al mismo fin en el país, añadieron, han recibido oficios en los que les solicitan entregar información específica y desagregada sobre la población atendida.

“Entendemos estos ataques como parte de una estrategia amplia y regional derivada de diversas políticas y acuerdos implementados por Estados de la región, entre ellos el reciente acuerdo entre México y Estados Unidos, mediante la cual se estigmatiza la migración y, en consecuencia, se criminaliza y estigmatiza la labor humanitaria y de derechos humanos en favor de las personas migrantes y desplazadas, provenientes de Centroamérica, el Caribe, África y Asia”.

La “criminalización y estigmatización” pública contra defensores de los derechos de los migrantes, enfatizaron, son acusaciones sin sustento, generalizadas y con el objetivo de desprestigiar la labor que las organizaciones de derechos humanos han realizado durante décadas.

Un efecto directo esto “es que autoridades locales se sienten legitimadas para hostigar a organizaciones, albergues y personas defensoras que les son incómodas por señalar sus omisiones y simulaciones”.

Así, afirman, “lo ha observado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: estas declaraciones por lo general buscan deslegitimar el trabajo de defensa que realizan defensores y defensoras, estigmatizándolos ante la sociedad’”.

Remarcaron que la integridad de los defensores, así como la garantía del derecho a defender derechos humanos, “es una responsabilidad irrenunciable” del Estado mexicano.

“Denunciamos que las autoridades no sólo han sido omisas, sino que como hemos señalado antes, también han fomentado estos actos de criminalización y hostigamiento. Hacemos un enérgico llamado a todas las autoridades de México a abstenerse de implementar acciones que tengan como fin obstaculizar las labores de la Casa del Migrante de Saltillo y de cualquier otra organización o albergue para personas migrantes y que lleven a cabo las medidas necesarias para garantizar la integridad de las y los defensores para que puedan seguir realizando su trabajo de manera segura. Exigimos al Estado que garantice entornos adecuados que permitan la crucial labor de defensa de los derechos humanos”.

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