Chihuahua | 16 de Mayo de 2018

En un escrito que enviaron al reportero de La Jornada, los inculpados por el delito de peculado agravado acusan al gobernador Javier Corral de violentar la ley y el principio de la división de poderes, abusando de sus facultades y cubrir desobediencias, como la del director del Penal de Aquiles Serdán. Foto Carlos Ramos mamahúa / archivo La Jornada

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Rubén Villalpando / La Jornada

Ciudad Juárez, 16 de mayo.-  El gobernador Javier Corral usa su caso con fines electorales, además de que viola la división de poderes y solapa el desacato judicial del director del penal de Aquiles Serdán”, señalan Antonio Tarín García y Gerardo Villegas, inculpados por el delito de peculado agravado junto con el ex secretario general del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez.

Así lo exponen en un comunicado de prensa que hizo llegar a La Jornada la esposa de Antonio Tarín, uno de los acusados del delito de peculado agravado, donde desmiente y aclara todo lo dicho por el gobernador del estado, Javier Corral en torno a su caso.

En el escrito, los acusados señalan que “el poder judicial del estado de Chihuahua ha sido cómplice de la venganza del gobernador, ya que en la audiencia celebrada el pasado 19 de mayo, en donde se desató un conato de bronca entre policías estatales y federales por el traslado de los imputados, estos últimos fueron notificados 17 horas antes de la audiencia, cuando la ley marca como mínimo 48 horas”.

Sobre estos hechos el fiscal general del estado, César Peniche Espejel dijo que “la Fiscalía General del Estado ha actuado con estricto apego a la Ley, con base a las evidencias presentadas por los agentes del Ministerio Público, por lo que distintos Jueces de Control decretaron la prisión preventiva y determinaron los autos de vinculación a proceso de los tres imputados, Alejandro Gutiérrez, Enrique Antonio Tarín y Gerardo Villegas”.

“El traslado de los acusados a un reclusorio en la Ciudad de México no es una decisión que competa a la Fiscalía, ya que es en los Tribunales en donde se determinará; no obstante, deben atenerse a las constancias y al marco legal”, expresó el fiscal.

Explicó que los jueces locales y federales, ante el Código Nacional de Procedimientos Penales están en el mismo nivel, por lo que no puede soslayarse la competencia y la facultad de alguna decisión.

En el escrito que entregaron los dos detenidos por peculado grave, afirman que “en semanas pasadas, el juez federal Gerardo Moreno García, consideró que los hechos que originaron la causa penal 780/2017 (investigación del presunto desvío de 250 millones de pesos) en donde se nos involucra, eran de competencia federal y debían de ser juzgados en ese ámbito”.

Desde entonces, “el señor Javier Corral Jurado, titular del Poder Ejecutivo del estado, en un afán de justificar el actuar ilegal de su administración, ha violentado la ley y el principio de la división de poderes, abusando de sus facultades y solapando desacatos como los del director del Penal de Aquiles Serdán, quien en 4 ocasiones se ha negado a dar cumplimiento a lo ordenado por una autoridad federal”.

“En esta novela que el propio Corral ha ido escribiendo a su manera es importante precisar que el Poder Judicial del Estado ha solapado esta venganza inventando audiencias sin sustento jurídico y violentando nuestros derechos humanos en repetidas ocasiones”.

La primera de ellas dentro de este conflicto, fue cuando sin justificación legal alguna, el Juez de Control de Chihuahua celebró una audiencia para pronunciarse sobre su inconformidad de habérsele inhibido para seguir conociendo de los hechos por ser incompetente, con la única intención de que el Tribunal Colegiado de Chihuahua fuera el que conociera del conflicto competencial y resolviera así a favor de los intereses del gobernador.

Otros hechos en este juicio fue un juicio de amparo promovido por el director Jurídico de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de Chihuahua, Pedro Oliva, en donde se le otorgó una suspensión para que no fuéramos trasladados y misma que fue revocada por un Tribunal Colegiado, por un recurso de queja interpuesto por nuestra defensa donde se evidenció que nuestro traslado no afecta de ninguna forma su derecho como "víctima". Demostrando una vez más su inexistente conocimiento del Derecho.

Aparte, el más grave y violatorio de todos estos intentos fue el pasado miércoles 9 de mayo a las 22:00 horas cuando nos fue notificada una audiencia por el juez de Control Alexis Ornelas, donde a través de la causa 4094/2017, misma en la que no estamos vinculados y que pertenece a diverso imputado y que de acuerdo al citatorio era para discutir nuestro traslado.

Esta audiencia tenía lugar al día siguiente a las 14:00 horas, por lo que la notificaron 17 horas antes, sin tomar en consideración las 48 horas en las que por ley debe de notificar a abogados defensores. Así pues, fuimos trasladados para dicha audiencia donde al no haber sido notificados con tiempo, ninguno de nuestros defensores pudo acudir y nos fueron impuestos (a pesar de manifestarle en repetidas ocasiones nuestra negativa) los abogados de oficio. Por lo que resulta incongruente y risible que el debate sobre nuestro traslado en una causa donde no tenemos ninguna participación, se estaba llevando a cabo entre puras partes pertenecientes y afines a los intereses del señor Javier Corral Jurado.

Al hacer uso de nuestra palabra cuestionamos al juez Ornelas sobre el sustento jurídico de dicha audiencia quien no nos pudo dar una respuesta apegada al derecho y solo argumentó la 'urgencia' con la que debía responder el director al juez federal. Es decir, antepuso esa urgencia por encima del derecho de cualquier imputado a tener una legítima defensa. Pero tal parece que ese derecho nos sigue siendo negado a nosotros por el carácter de ex funcionarios de la pasada administración.

Promovieron también un juicio de amparo en la Ciudad de México con el que pretendían que se le diera una intervención a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como víctima en el proceso penal y con el que buscaban suspender la audiencia del pasado viernes 11 de mayo, sin embargo, les fue nuevamente negado ante la inexistente argumentación jurídica de su acto reclamado y no pudieron cumplir con su objetivo.

Recordaron que el viernes 11 de mayo, aproximadamente a las 20:50 horas, y ante la presencia de Carlos Emmanuel Aguirre, abogado defensor de Jaime Herrera, la audiencia concluyó y en menos de 10 minutos, en un operativo nunca antes visto (incluso en una entidad que es azotada por los asesinatos) más de 60 unidades de la Policía Estatal, elementos de la Ministerial y unidades de vialidad, cercaron alrededor de tres cuadras a la redonda los accesos al edificio del Poder Judicial Federal en esta ciudad, evidenciando la intervención y el uso de la fuerza en nuestro traslado, habiendo testigos de que policías estatales querían irrumpir en el edificio para secuestrarnos y traernos al Cereso de Aquiles Serdán de manera arbitraria y contraria a la orden del juez federal.

Para finalizar, deseamos manifestar que, aunque ya lo hemos denunciado ante las autoridades pertinentes y en repetidas ocasiones, la tortura a la que somos sometidos desde hace un año, continúa y desde el operativo del viernes se ha intensificado.