méxico | 15 de Abril de 2019

Gerardo Sosa Castelán estaba al frente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Foto archivo La Jornada

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Rosa Elvira Vargas / La Jornada
Pachuca, 15 de abril.- La decisión de dos jueces federales de negar sendos amparos definitivos a Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), y al rector de la institución, Adolfo Pontigo Loyola, por el presunto lavado de 156 millones de dólares de las arcas universitarias en una investigación a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que dirige Santiago Nieto, representa la primera gran confrontación entre seguidores de la misma causa política en la era Morena en el gobierno. 

Además, pone en evidencia los costos iniciales de las alianzas y el pragmatismo electoral de ese partido en los comicios del año pasado. 

Sosa Castelán, líder del Grupo Universidad que controla esa institución desde hace casi 40 años, renunció al PRI en febrero de 2018. 

Meses antes a su dimisión entró en contacto con Morena y ofreció votos y recursos financieros. Entre otros, se reunió entonces con la presidenta del partido, Yeidckol Polevnsky; con el hoy coordinador de Programas Integrales de Desarrollo, Gabriel García, y con Octavio Romero Oropeza, actual director de Petróleos Mexicanos (Pemex). Y el 17 de febrero de 2018 lo hizo en Pachuca con el propio Andrés Manuel López Obrador. 

Ganancia política 

Sus gestiones rindieron frutos. Aunque no obtuvo la posición senatorial que pretendía, sí consiguió una gran tajada política para sus incondicionales: nueve curules en el Congreso de Hidalgo y dos en el federal. 

Pasados los comicios, todo parecía favorecer el ímpetu político de Gerardo Sosa, cuya obsesión, lo saben todos, es ser gobernador de Hidalgo. 

Todavía en enero pasado celebraba, en reuniones con sus más cercanos, el triunfo para su causa desde la plataforma de Morena, al tiempo que alentaba los conflictos políticos desde el propio Congreso con el gobierno estatal del priísta Omar Fayad. 

Pero un mes después, el 26 de febrero, nubes de tormenta aparecieron en el horizonte. 

La UIF reveló haber recibido un reporte “en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal” con depósitos y transferencias provenientes de más de 22 países. 

Aunque la cifra ha variado –hasta ubicarla en 156 millones de dólares–, la oficina de Santiago Nieto, designado por López Obrador desde la transición, informó que “el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza”. Ante eso, bloqueó esas cuentas, atendiendo “la petición de una agencia internacional que ha solicitado colaboración al respecto”. 

Tres días después –primero de marzo– se conoció que se trataba de la UAEH. Y Nieto Castillo, al confirmarlo, precisó su obligación de investigar el origen y destino de tales recursos, sin importar “quién sea, si es una persona cercana a Morena o a cualquier otro partido político, (porque) no hay persecución política bajo ninguna circunstancia”. 

Al enterarse de la medida de la UIF, Pontigo demandó la suspensión contra el embargo en el juzgado segundo de distrito en Pachuca. Pedía se le permitiera el libre manejo de las cuentas, “siempre que no se encuentre demostrada la existencia de un crédito fiscal líquido y exigible”. 

Dicha petición le fue negada el pasado viernes 29 de marzo, aunque aún puede interponer un recurso de revisión ante un tribunal federal. 

Simultáneamente, en la Ciudad de México Sosa Castelán había interpuesto uno de los llamados “amparos buscadores” para evitar ser privado de la libertad mientras se realizan las investigaciones de la UIF. La solicitud se presentó ante el juzgado decimoprimero de distrito de amparo en materia penal y le fue negada el 28 de marzo. También tiene aún la posibilidad de impugnarla. 

Sin embargo, el 15 de marzo Sosa Castelán tramitó otro amparo ante un juzgado federal en Pachuca. Esto porque, según su escrito, tres personas identificadas como agentes de la Policía Federal Ministerial intentaron detenerlo por la fuerza, el 8 de ese mes en la Ciudad de México. Argumentó entonces temer por su integridad física y libertad, y que quienes intentaron detenerlo dijeron llevar una orden de aprehensión. 

Más allá de declararse ajeno a cualquier mal manejo de las finanzas universitarias, en una conferencia de prensa en San Lázaro el 7 de marzo –organizada por diputados hidalguenses de su grupo político– y en la comparecencia “a modo” en el Congreso de Hidalgo (sólo ante legisladores afines a su causa) el 22 de marzo, a Sosa Castelán le ha interesado sobre todo esgrimir razones políticas en la acción de la UIF. 

En el diario El Independiente, propiedad de la UAEH, el 2 de marzo su editorial asegura que la investigación “no es obra de la casualidad” y añade que “un grupo político poderoso está muy molesto” con la universidad “y con quienes han estado atrás de su ascenso durante los últimos años. 

“¿A quién le conviene detener el ascenso de la UAEH? ¿Quién cree que va a obtener los puntos que pierda la universidad como si fuera una operación aritmética simple? Quien está detrás de esta estrategia, está calculando mal”, sostiene la publicación. 

A su vez, Pontigo, Sosa Castelán y sus incondicionales no cesan de repetir que la acción de las autoridades es “guerra sucia” y que ni un solo peso de las cuentas bloqueadas es “mal habido” y que por tanto la UIF “comete un error”. 

Sosa ha argüido: “La inversión se hizo en Credit Suisse; fue porque ofrecía mejor interés y buscamos ganar más recursos en esos fondos; la institución bancaria tiene una banca de segundo piso y esa manda los recursos a su sede en Suiza. Pero cuando HSBC nos ofrece más interés, ordenamos que los recursos que estaban en Credit Suisse se trasladen a HSBC. En la UIF confundieron traslado de dinero con lavado...” 

El feudo de Sosa 

En Hidalgo, tierra legendaria de caciques, Gerardo Sosa actúa sin contrapesos donde por antonomasia debiera respirarse libertad creativa, de pensamiento y asociación: la universidad estatal. 

Presidente del patronato desde 2009, coronó su pretensión de mantenerse como autoridad universitaria –fue rector en el periodo 1991-1998– con las reformas a la Ley Orgánica de 2015. 

Ese órgano se encarga del manejo y disposición de las finanzas universitarias, pero aquí nadie duda que él detenta además el control de todo cuanto ocurre en la institución. 

De ese modo, la UAEH tiene dos autoridades del mismo nivel: Adolfo Pontigo y Gerardo Sosa. 

Voceros de la UAEH así lo precisan cuando excusan al rector de una solicitud de entrevista sobre la investigación. Y aclaran: “eso corresponde sólo al patronato”. 

El control de Gerardo Sosa sobre el Consejo Universitario y la Junta de Gobierno, máximas instancias en la institución, donde participan también los sindicatos académicos y de trabajadores y empleados, así como las representaciones estudiantiles, llevan a muchos a asegurar: “En la universidad no se mueve una escoba si Sosa Castelán no lo determina”. 

En 2015, el entonces gobernador José Francisco Olvera (2011-2016) y quien como Sosa también fue líder de la otrora poderosa Federación de Estudiantes de la Universidad de Hidalgo, expidió las reformas a la Ley Orgánica universitaria donde se otorga rango de autoridad al patronato. 

Para afianzar la supremacía de ese órgano en la institución, sus cinco integrantes son designados por tiempo indefinido, de manera honoraria y sin “retribución alguna”. 

Para allegarse recursos más allá de los presupuestales, la UAEH tiene 21 empresas de diverso giro, todas ellas bajo control del patronato. Incluyen desde un periódico hasta un rancho productor de quesos kosher, gasolineras, centros comerciales, salones de fiesta, clubes deportivos y un hotel, entre otras. 

Hoy, el feudo de Sosa Castelán en la universidad parece haber entrado en una pendiente irrefrenable, y precisamente desde el propio gobierno a cuyo partido estratégicamente se alió en el verano de 2018. 

Ahora resta por conocerse el resultado de las pesquisas de las autoridades hacendarías. 

 

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