Chihuahua | 12 de Marzo de 2018

Señalaron que el gobierno federal ha hecho todo lo posible por bloquear la acción de la justicia chihuahuense, y la PGR le ha dado largas a la solicitud de extradición de Duarte a pesar de haberse comprometido a incluir a la Fiscalía de Chihuahua como coadyuvante. Foto La Jornada

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Rubén Vilalpando / La Jornada

Ciudad Juárez, 12 de marzo.- Por separado, organizaciones de la sociedad civil, empresarios y grupos de abogados afines a la administración estatal, exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy analiza si ordena la sustitución del actual Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Chihuahua, que respete las decisiones estatales en esta materia.

Por su lado Corral Jurado, dijo que espera que la Corte respete las decisiones del Congreso del Estado en relación al Consejo de la Judicatura, pues consideró es de las mejores cosas que le ha pasado en términos del poder judicial.

Lo anterior, en relación a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera remover el consejo de la judicatura, y a raíz de ello se presentó una controversia constitucional con 179/2017 por parte del poder judicial en el estado en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo por las modificaciones hechas en la Constitución Política del Estado de Chihuahua, además de la controversia constitucional número 150/2016 presentada por el magistrado Gabriel Sepúlveda.

"Esperamos que la corte respete la decisión de Chihuahua porque ésta en juego el consejo de la judicatura, porque me parece es una de las mejores cosas que le ha pasado a Chihuahua en términos del poder judicial, esperando que la Corte rectifique lo que ya decidió el Congreso y no pase por encima”, expuso.

Explicó que no se pudo lograr del todo un consejo de la judicatura compuesto por ciudadanos y señaló que no se ha involucrado en decisiones de la Judicatura pues ha respetado los acuerdos del Consejo.

“Yo no me he metido con ninguna decisión del Poder Judicial, no hay ni un solo magistrado ni juez en el estado, ni les he dicho que elijan, ni que digan que el gobernador le ha llamado para sugerir el sentido de una resolución; yo he sido muy respetuoso, hay nueve magistrados interinos en el pleno del Poder Judicial los eligieron el consejo de la judicatura con absoluta independencia pasaron directamente al Congreso, y el Congreso modificó sólo una de las ternas, todo es transparente”, agregó.

Por su lado una veintena de ONG, empresarios y abogados dicen que la impugnación al consejo de la judicatura se da “en un contexto caracterizado por la intensa y sólida labor del gobierno de Javier Corral por combatir la corrupción y la impunidad”.

Agregan que “mediante una minuciosa y bien fundamentada acción legal contra César Duarte y sus cómplices, ha logrado la integración de cuatro decenas de expedientes judiciales, la liberación de órdenes de aprehensión, la vinculación a proceso y la detención de altos funcionarios del duartismo, así como el que la Interpol haya elaborado una “ficha roja” contra el ex gobernador y la Secretaría de Gobernación se haya comprometido a que la Fiscalía General del Estado sea coadyuvante en la solicitud de extradición de Duarte ante el gobierno de los Estados Unidos”.

Todo esto ha sido posible por la labor de profesionalización y depuración del Poder Judicial que arranca con la conformación del actual Consejo de la Judicatura en mayo de 2017. Gracias a ello se ha garantizado un manejo imparcial, escrupulosamente apegado a derecho, en mano de jueces honestos y competentes, quienes han conducido impecablemente los diferentes casos de corrupción del duartismo.

"Sin embargo, mencionan que el gobierno federal ha hecho todo lo posible por bloquear la acción de la justicia chihuahuense: la PGR le ha dado largas a la solicitud de extradición de Duarte a pesar de haberse comprometido a incluir a la Fiscalía de Chihuahua como coadyuvante; luego que no pudo impedir la detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI, y su posterior reclusión en Chihuahua, señaló que había sido sometido a tortura.

Esta acusación se ha desmoronado cuando un perito internacional habiendo aplicado el Protocolo de Estambul, dictamina que Gutiérrez no ha sido sometido a ningún tipo de tortura”.

Y en su desesperación por impedir que prosigan la investigación y el juicio contra Alejandro Gutiérrez, que develan todo el sistema de corrupción manejado desde la cúpula del PRI y del gabinete de Peña Nieto, el régimen de este puede llegar al colmo de la manipulación de las instituciones valiéndose de la Suprema Corte de Justicia y para esto, se aprovechan de la Controversia Constitucional 179/2017 promovida por el Poder Judicial del Estado de Chihuahua presentada por el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de nuestro estado, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Constitución Política local y la Controversia Constitucional 150/2016 promovida por el Magistrado Gabriel Sepúlveda Reyes en forma individual, sin tener facultades (quien por cierto, enfrenta varios procesos legales penales por corrupción, en su ejercicio como presidente del Poder Judicial).